En Palma, Unió de Pagesos ha denunciado que la Ley de Contratos Públicos está perjudicando a los payeses de Baleares, ya que no favorece a las explotaciones locales consideradas "demasiado pequeñas".

El coordinador de la organización agraria, Joan Gaià, ha expresado su descontento luego de que Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba) otorgara un contrato a la empresa Frutas y Verduras Massanassa por un valor de 415,000 euros para el suministro de frutas y leche en colegios.

La empresa beneficiada tiene su sede en la localidad valenciana de Silla y el contrato, dividido en 20 lotes, tenía como objetivo promover el consumo de frutas, verduras, hortalizas y productos lácteos en los centros escolares durante el curso 2023-2024.

Gaià ha criticado que la Administración se escuda en la Ley de Contratos Públicos para no adquirir productos locales, lo cual considera una excusa injustificada.

El agricultor ha señalado que esta situación no solo afecta al sector primario, sino que también impide a pequeñas librerías de pueblos participar en ciertos concursos de compra.

Por lo tanto, ha exigido una modificación de la ley para no discriminar a los productores locales de Baleares y ha instado a los políticos a tomar medidas al respecto.

Con el objetivo de iniciar una reclamación en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y posteriormente en la Unión Europea, Unió de Pagesos busca interpelar a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Los payeses de Baleares se sienten imposibilitados de participar en estas compras debido a la normativa existente, lo que afecta negativamente tanto a los agricultores como a los consumidores, ya que se ven obligados a consumir productos que no se han producido localmente.

Gaià ha destacado que las empresas locales no pueden competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas que participan en estos concursos, lo que pone en evidencia la falta de libre concurrencia y competencia en el mercado.

En esta línea, el representante agrícola ha mencionado el caso de la naranja ecológica, señalando que la producción local no puede igualar las cifras presentadas por la empresa adjudicataria, lo que genera un desequilibrio perjudicial para los productores locales.

Finalmente, Antoni Vera, conseller de Educación y Universidades, reconoció la rigidez de la Ley de Contratos Públicos, pero sugirió la posibilidad de coordinarse con la Conselleria de Agricultura para priorizar el producto local en las compras públicas.