PALMA, 11 de noviembre. En el marco de la operación Manso-Enroque Bal, liderada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, los abogados de los individuos arrestados han solicitado su liberación y la anulación de varias acciones dentro del proceso judicial.

Los defensores argumentan que podría haberse cometido un error procesal que afectaría la validez de ciertas pruebas contra sus clientes, lo que abriría la puerta a la nulidad de las actuaciones realizadas. Según indican, este posible fallo se relaciona con un auto de prórroga emitido fuera del plazo legal establecido.

Fuentes cercanas al caso han indicado que, para que un auto de prórroga sea válido, debe dictarse dentro de un año desde el inicio de las pesquisas. En esta ocasión, aunque se alega que la complejidad del caso podría justificar cierta flexibilidad, la prórroga fue notificada después del plazo legal, lo que podría invalidar todas las acciones subsiguientes.

Las defensas sostienen que, de ser aceptada su solicitud, todo lo que esté relacionado con el proceso posterior a ese auto podría considerarse nulo, lo cual impactaría severamente la investigación en curso.

Es importante recordar que, según reportes recientes de ambos cuerpos de seguridad, esta compleja operación ha llevado a la detención de 76 personas y se han realizado 71 registros en domicilios, donde se han confiscado bienes significativos.

Las autoridades informaron que, en estos operativos, se han incautado más de 1,5 millones de euros, así como grandes cantidades de diversas sustancias ilegales, incluidas 687 kilos de cocaína y 2.500 kilos de hachís, entre otros estupefacientes. Algunos de los arrestados son figuras prominentes en el mundo del narcotráfico en la región, incluyendo al líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y al abogado Gonzalo Márquez.

La investigación, que lleva más de dos años en desarrollo, está marcada por una elevada complejidad debido a las sofisticadas medidas de seguridad adoptadas por los sospechosos, que empleaban tecnología avanzada para evitar ser detectados por las fuerzas del orden.

Según un portavoz de la Policía de Baleares, los arrestados utilizaban dispositivos de seguimiento y geolocalización para mantenerse informados sobre los movimientos de los investigadores y eludir su arresto. Asimismo, se encontraron diversos equipos tecnológicos, como balizas de seguimiento y cámaras de vigilancia, que evidencian la preparación de la organización criminal.

Además, se confiscaron 16 armas de fuego y numerosos silenciadores, algunas de las cuales se encontraban en condiciones operativas. Esto ha llevado a los investigadores a sospechar que los detenidos podrían estar planeando adquirir más armamento.

La operación se llevó a cabo en seis fases, buscando garantizar el éxito de la misma y evitar que alguno de los sospechosos escapara a la acción de la justicia. El primer gran operativo se realizó en septiembre de 2024, cuando se interceptaron 200 kilos de hachís en una embarcación que se dirigía a Palma desde Ibiza.

Desde entonces, la investigación ha continuado, resultando en múltiples redadas que se han desarrollado hasta noviembre. Este esfuerzo ha permitido desmantelar una red criminal con conexiones internacionales, así como combatir otras organizaciones dedicadas a la distribución de drogas en la región.

En particular, se ha identificado que el hachís ingresaba al país mediante rápidas embarcaciones desde el norte de África, siguiendo un elaborado plan para almacenar la droga en Ibiza antes de distribuirla por el archipiélago y eventualmente a la Península.

Entre las situaciones más destacadas, el 9 de julio se confiscaron 675 kilos de cocaína en el puerto de Valencia, que había sido recogidos en el Mediterráneo. Posteriormente, en agosto, se realizaron varios registros donde se detuvo a personas clave dentro de la red, incluidos algunos de los nombres más reconocidos en el tráfico de drogas de la zona.

La tensión y el drama de esta compleja investigación resaltan no solo el desafío que enfrentan las fuerzas del orden, sino también el compromiso de la justicia en erradicar estas prácticas ilícitas que han puesto en jaque a la sociedad balear.