PALMA, 22 de enero. – La Audiencia Provincial de Baleares ha tomado una decisión significativa al reabrir el caso que involucra al exalcalde de Capdepera, Rafael Fernández Mallol, y a un alto funcionario de la Policía Local, quienes enfrentan acusaciones de acoso laboral y prevaricación administrativa.

A pesar de que el resto de los investigados se beneficia de un sobreseimiento, la Sala ha encontrado motivos suficientes para continuar con el proceso contra los mencionados, tras una serie de denuncias que apuntan a un patrón de abusos y hostigamiento sistemático. Este procedimiento se inició después de que un policía local presentara una queja formal, revelando una preocupante serie de comportamientos que incluyen acoso, coacción y trato despectivo, que habrían surgido en el contexto de un concurso para acceder a un puesto permanente de funcionario.

El agente denunciante afirma haber sido víctima de una serie de maniobras intimidatorias desde 2018, que incluyeron rumores malintencionados y decisiones administrativas lesivas para su carrera, todo lo cual ha tenido un profundo impacto negativo sobre su salud mental y profesional.

El tribunal, al evaluar la situación, ha hallado indicios que sugieren un posible abuso de poder por parte de los acusados, quienes habrían tratado de boicotear la carrera del denunciante con un trato claramente injusto en comparación con otros aspirantes que también lograron pasar las pruebas de selección.

Los magistrados no descartan la existencia de un acoso laboral estructurado que podría haber tenido consecuencias legales, observando además que resulta contradictorio que el agente, considerado no apto para un puesto fijo, continúe realizando funciones similares como interino.

Adicionalmente, la Sala destaca que el alcalde de Capdepera parece tener un interés directo en este caso, actuando de manera perjudicial contra el denunciante. Este último fue, supuestamente, el responsable de hacer públicas las instrucciones del alcalde relativas al pago de horas extra, las cuales dependían del número de multas de tráfico impuestas, un criterio que nunca se quedó documentado y que despierta serias preocupaciones sobre su legalidad.

Además, el traslado del denunciante a un edificio que alberga servicios municipales y sociales fue señalado como un acto que no respondía a una necesidad administrativa genuina, sino que se interpretó como una medida punitiva que degradaba su estatus.

En resumen, el tribunal ha argumentado que hay suficientes elementos que sugieren una presunta conducta delictiva, además de una intencionalidad de humillar al denunciado, que deben ser investigados más a fondo.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor deberá decidir sobre la admisión de las nuevas diligencias solicitadas por la acusación, actuando con plena autonomía en su criterio. Cabe destacar que no existe opción de apelación contra esta resolución.