PALMA, 16 de enero - La Plataforma de Psicólogos Clínicos de Baleares ha tomado la iniciativa de presentar una queja formal ante el IbSalut, denunciando la contratación de profesionales que carecen del título de Especialista en Psicología Clínica para realizar tareas en el ámbito de la Atención Primaria.

Según la reclamación, cuyos detalles han sido revelados por Europa Press y que está respaldada por el abogado Pablo Alonso de Caso, esta práctica no solo infringe la normativa sanitaria vigente, sino que también podría tener consecuencias negativas para todo el sistema de salud pública en la región.

La organización solicita que se declare la nulidad de todas las contrataciones de personal no especializado en psicología clínica que se hayan llevado a cabo por el IbSalut en los centros de salud de Atención Primaria. Además, piden que se cubran las vacantes con profesionales debidamente acreditados en esta especialidad.

En su comunicado, los psicólogos han enfatizado que las leyes establecidas a nivel estatal son claras: sólo el personal que esté debidamente habilitado puede ofrecer servicios dentro del Sistema Nacional de Salud. La formación sanitaria especializada es, por tanto, un requisito indispensable para ejercer en este ámbito.

Desde la Plataforma, argumentan que la inclusión de estos profesionales sin las credenciales necesarias en funciones propias de la Psicología Clínica representa una violación clara de las regulaciones que garantizan el acceso y organización del sistema sanitario público.

Asimismo, han afirmado que la adherencia a la legalidad no solo es una cuestión profesional, sino un componente fundamental del sistema de salud pública, que asegura que la atención médica a la ciudadanía cumpla con estándares de calidad y seguridad a lo largo de todo el país, basándose en una formación rigurosa.

La Plataforma también ha señalado que esta decisión no aborda de manera efectiva los desafíos estructurales que enfrenta la atención de la salud mental en las Islas, tales como la falta de planificación a largo plazo en recursos humanos, la escasez de plazas para especialistas y una inversión inadecuada en formación especializada.

Por el contrario, consideran que esta medida implementa soluciones temporales que deterioran la eficacia del sistema y lo vuelven más precario en términos organizativos y asistenciales.

Además, han alertado sobre el impacto negativo que estas contrataciones podrían tener en la formación de futuros especialistas, ya que socavan el modelo de capacitación que es esencial para consolidar y ampliar las plazas para la formación en psicología clínica, lo cual es crucial para la sostenibilidad del sistema de salud mental pública.

En este contexto, los psicólogos clínicos han indicado que esta reclamación representa un último intento por la vía administrativa antes de considerar acciones legales para proteger la legalidad y los derechos de la ciudadanía a recibir atención sanitaria especializada.

Dado todo lo anterior, instan al Govern a revisar su postura, detener las contrataciones ilegales y abrir un espacio de diálogo con los profesionales, restaurando así un modelo de atención psicológica que se adhiera a la legalidad, esté fundamentado en la formación especializada y contemple una planificación estructural adecuada a las necesidades de la población.