La ciudad de Palma se encuentra en el centro de un escándalo relacionado con la retransmisión ilegal de partidos de fútbol, señalando a un propietario de bar del centro como el principal implicado. La Policía Nacional ha actuado, tras recibir una denuncia de La Liga, acusándolo de no contar con los derechos de emisión necesarios para transmitir los partidos.

La investigación comenzó después de que La Liga presentara una queja formal ante un tribunal de Palma, donde sospechaba que el bar en cuestión estaba emitendo partidos de manera ilícita y sin los contratos pertinentes con una distribuidora oficial. Este acto se presenta como una clara violación de las normativas que protegen tanto al mercado como a los consumidores.

Según la información proporcionada por la Jefatura Superior de Policía de Baleares, La Liga argumentó que sus derechos de propiedad intelectual estaban siendo menoscabados, lo que a su vez le estaba causando daños económicos considerables. Para respaldar su denuncia, la organización aportó un informe de dos inspecciones realizadas por su personal en el bar implicado.

Además, presentaron evidencias gráficas que demostraban la falta de los identificadores y las medidas de seguridad que deben mostrarse cuando un establecimiento tiene permiso para emitir partidos de La Liga. Este tipo de incumplimientos son serios en un sector que lucha contra la piratería y el uso indebido de la propiedad intelectual.

El propietario del bar, según las investigaciones, habría utilizado herramientas y software no autorizados, tanto a nivel nacional como europeo, para eludir las normativas de seguridad impuestas por La Liga y las compañías de televisión. Esta práctica no solo es ilegal, sino que también plantea preguntas sobre la ética de los negocios en el ámbito deportivo.

Fue el Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica quien, tras recibir el aviso judicial, se dirigió al local para investigar más a fondo. Durante su intervención, los policías confirmaron que el bar estaba utilizando aplicaciones que permitían, mediante un pago, obtener credenciales para acceder a la visualización de los partidos de forma no autorizada.

A raíz de estas evidencias, el dueño del establecimiento fue citado a declarar en la sede policial como investigado. La Policía tomó su testimonio en el transcurso de las diligencias, las cuales fueron posteriormente enviadas al juzgado correspondiente para que se tomen las acciones necesarias ante esta situación que perjudica tanto a los equipos de fútbol como a sus aficionados.