En un evento reciente en Madrid, la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, ha manifestado su desacuerdo con la legislación de vivienda implementada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la cual califica como un peligroso enfoque de "seccionalización" en las comunidades autónomas y un ejemplo de centralismo exacerbado. Prohens sostiene que esta normativa ha fracasado allí donde se ha puesto en práctica, creando un panorama desalentador en el ámbito residencial.

Durante su participación en el foro 'España 360', organizado por 'Prensa Ibérica', Prohens expuso las iniciativas que su administración está desarrollando para abordar la crisis habitacional en Baleares. Critica la propuesta de establecer límites en los precios de alquiler, argumentando que estas medidas simplemente no están dando resultados positivos.

La presidenta remarcó que no se puede insistir en políticas ya fracasadas en otras regiones, mencionando específicamente el caso de Cataluña, donde la limitación de precios ha llevado a una burbuja en el mercado de alquileres. En su opinión, es fundamental que las decisiones reflejen la realidad de cada territorio, y no se pueden aplicar soluciones genéricas que no han demostrado eficacia.

Prohens también destacó que, en ausencia de una inversión pública y privada adecuada, la oferta de vivienda protegida ha resultado ser de menor calidad y cantidad. Ella se mostró abierta a implementar la ley si existieran evidencias claras de su éxito, citando el aumento del 50% en los precios de alquiler protegidos en Cataluña como un claro aviso.

La presidenta expresó su compromiso con la búsqueda de soluciones reales a la crisis de la vivienda, enfatizando la necesidad de medidas adaptadas a las particularidades de cada comunidad. En su intervención, destacó la importancia de promover la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) que garanticen el acceso prioritario a los residentes locales.

En el contexto de las Islas Baleares, Prohens informó sobre la implementación de un sistema destinado a la solicitud de VPO, que otorga prioridad a aquellos que han vivido en las islas entre 7 y 20 años. Aprovechó la ocasión para anunciar que se prevé la entrega de 900 viviendas que actualmente están en diferentes etapas de tramitación antes del final de la legislatura.

Además, Prohens subrayó la importancia de liberalizar el suelo para la construcción, señalando que la nueva ley de proyectos residenciales está permitiendo reducir el tiempo de espera para el desarrollo de urbanizaciones de 10 o 15 años a tan solo año y medio. La presidenta culminó con un fuerte mensaje sobre la urgencia de la situación: "La emergencia habitacional no es un problema a resolver en 15 o 20 años, es una crisis que debemos afrontar ahora".