La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo miércoles, 25 de octubre, a dos mujeres acusadas de diversos delitos, entre ellos hurto, descubrimiento y revelación de secretos y coacciones.
El Ministerio Fiscal ha presentado un escrito en el que detalla que los hechos ocurrieron a finales de octubre o principios de noviembre de 2019, cuando las acusadas fueron a un despacho de abogados en Palma con la intención de obtener beneficios ilegales.
Según parece, una vez dentro del despacho, se apoderaron de una carpeta blanca con el logotipo del Hospital Quirón que estaba sobre la mesa del denunciante. Dentro de la carpeta se encontraba toda su historia médica, así como tres memorias USB que contenían fotos, eventos familiares y otro tipo de documentación personal en formato PDF, como nóminas, contratos o escrituras. También se llevaron tres cuadros, dos valorados en 86,78 euros cada uno y otro abstracto valorado en 177,69 euros.
El 17 de noviembre de 2019, las acusadas fueron a un local propiedad del denunciante y se llevaron un cuadro valorado en 198,35 euros, así como dos cuadros abstractos valorados en 86,78 euros cada uno y otro cuadro mal valorado en 260,33 euros. El perjudicado reclama en total 632,23 euros.
Posteriormente, también en noviembre de 2019, una de las acusadas fue a un domicilio en Manacor para persuadir a la inquilina de que dejara la casa. Le entregó un nuevo contrato en el que decía ser la nueva propietaria y que debían pagarle. Además, le mostró documentos en los que supuestamente se registraban las últimas voluntades del propietario y otros documentos médicos en los que se hacía referencia al cáncer que padecía.
El 18 de febrero de 2020, la misma acusada se dirigió a otro domicilio en Porto Cristo, diciéndole al inquilino que debía abandonarlo. Alegó que el propietario le había revocado el poder y presentó documentos médicos que demostraban que el denunciante padecía cáncer de colón y un quiste en la cabeza. La acusada llevaba también un documento de renuncia del denunciante al cobro de las rentas, firmado y con una foto de su DNI, para convencer al inquilino de que facilitara a los futuros inquilinos su número de cuenta y firmara el contrato de alquiler con ella. La situación angustió tanto al inquilino que tuvo que llamar a la Policía.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de hurto, de descubrimiento y revelación de secretos, y de coacciones. Por tanto, solicita penas que suman más de 12 años de cárcel y una multa de 5.700 euros para las acusadas. Además, pide que paguen 938,48 euros por los objetos robados y 1.000 euros por los daños morales causados en concepto de responsabilidad civil.