Parlament aprueba decreto de turismo responsable sin tramitarlo como ley
En una decisión histórica, el Parlament ha aprobado el martes la convalidación de un decreto que marca un hito en el turismo responsable y la mejora de la calidad en zonas turísticas, dejando atrás la era de los 'excesos'. Se rechazó su tramitación como proyecto de ley, subrayando la importancia de esta nueva regulación.
Entre las principales novedades, se destaca la prohibición de consumir alcohol en la vía pública en zonas específicas, con multas que van desde los 500 hasta los 1,500 euros. Este decreto estará vigente hasta finales de 2027, marcando un nuevo rumbo para el turismo en las Islas Baleares.
El texto revisado también contempla ajustes para adaptarse a la realidad actual. Se mantienen las delimitaciones en Palma y Sant Antoni de Portmany, se reducen las zonas en Calvià y se realizan cambios en Llucmajor según solicitudes de los ayuntamientos. Además, se redefine la composición de la Comisión para el Fomento del Civismo en Zonas Turísticas.
Otro punto importante es la prohibición de embarcaciones con fiestas o venta de alcohol de acercarse a menos de una milla náutica de las zonas afectadas. También se prohíbe recoger o desembarcar pasajeros dentro de estas áreas, buscando garantizar un ambiente más tranquilo y seguro para todos.
Además, se establece la obligación de los ayuntamientos de informar anualmente a los consulados sobre las incidencias detectadas por incumplimiento de las ordenanzas municipales. Se reserva un fondo anual de hasta cuatro millones de euros por municipio afectado, financiado por el Impuesto del Turismo Sostenible, para proyectos que promuevan un turismo responsable. En total, serían 16 millones al año dedicados a mejorar la inspección, seguridad y concientización en estas zonas turísticas.
Jaume Bauzà, conseller de Turismo, Cultura y Deportes, ha sido el defensor de esta iniciativa, destacando la importancia de encontrar un equilibrio entre el turismo y la sostenibilidad del territorio. El cambio de nombre del decreto busca resaltar su objetivo positivo y mejorar la imagen turística de las Islas.
Los partidos políticos han mostrado posturas diversas. Vox ha apoyado el decreto con la intención de promover un turismo de calidad y respetuoso, mientras que el PP ha elogiado la labor del Gobierno en busca del consenso necesario para abordar este desafío de manera responsable.
Por otro lado, el PSIB-PSOE ha expresado sus reservas sobre el decreto, criticando algunas incongruencias y llamando a su tramitación como proyecto de ley. MÉS ha ironizado algunas medidas del decreto, y Unidas Podemos ha considerado que este representa un retroceso en responsabilidad. Finalmente, Més per Menorca ha señalado el abuso en el uso de decretos por parte del Gobierno, instando a un cambio en esta forma de gobernar.