El 27 de noviembre en Madrid, el gobierno español ha dado un paso significativo hacia la mejora de las condiciones laborales de más de tres millones de funcionarios. A través del Ministerio de Función Pública, se ha alcanzado un acuerdo plurianual con los sindicatos UGT y CSIF, que contempla un aumento salarial del 11% desde 2025 hasta 2028. Este incremento se desglosa en un 2,5% para este año, un 1,5% para 2026 (con un posible vario adicional del 0,5% ligado a la inflación), un 4,5% para 2027 y un 2% final en 2028, según comunicados sindicales.

El pacto no solo aborda el salario, sino que también incluye la revisión de complementos de residencia e insularidad, la mejora de indemnizaciones por servicios y el refuerzo de las plantillas de atención al público. Además, hay un claro enfoque en la actualización de permisos y la conciliación laboral, así como en la salvaguarda de la salud de los empleados con medidas de apoyo psicológico y protocolos contra agresiones.

En diciembre, se hará efectivo el primer aumento del 2,5% con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Para 2026, se ha estipulado un incremento fijo de 1,5%, con la posibilidad de añadir un 0,5% más si la tasa de inflación se mantiene alta. Es importante notar que este es el único año con un aumento que incorpora una parte variable; los sucesivos incrementos serán fijos.

Aunque el acuerdo estipula un aumento total del 11% para 2025-2028, los representantes sindicales sugieren que, debido al efecto acumulativo de los distintos incrementos anuales, el incremento real podría alcanzar hasta el 11,5% total para los funcionarios.

Aunque UGT y CSIF han dado su apoyo al acuerdo, CCOO aún está evaluando su posición al respecto. Se espera que, independientemente de la decisión de CCOO, el acuerdo sea formalmente firmado el jueves.

El ministerio, liderado por Óscar López, ha destacado que este acuerdo representa un avance significativo para los servidores públicos y está diseñado para garantizar su poder adquisitivo hasta 2028.

El preacuerdo es resultado de dos reuniones recientes en las que la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, se ha reunido con los sindicatos para negociar mejoras salariales y condiciones laborales. Esto incluye la eliminación de la tasa de reposición y otros cambios en la gestión del personal que buscan optimizar la atención al público.

CSIF ha calificado el acuerdo como "el mejor posible" dadas las circunstancias actuales, señalando que termina con la congelación salarial que sufrían los funcionarios y ofrece un respiro al poder adquisitivo que se había visto disminuido.

El sindicato, cuyo liderazgo recae en Miguel Borra, subraya que su apoyo al acuerdo es un acto de responsabilidad, considerando el contexto económico y las restricciones impuestas por la situación política tanto en el país como en el marco de la UE y la OTAN.

Como parte del acuerdo, se ha decidido crear una comisión de seguimiento encargada de asegurar que se cumplan las medidas pactadas en un plazo no superior a 15 días desde la firma del mismo. CSIF ha dejado claro que este pacto no es "un cheque en blanco" y hará lo posible por garantizar su implementación eficaz.

Por su parte, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, ha calificado el acuerdo como un triunfo no solo para los empleados públicos, sino para la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía y, en consecuencia, para el bienestar del país.

Según Araque, el acuerdo asegura una subida salarial del 11,5% si se consideran los incrementos anuales necesarios para recuperar el poder adquisitivo perdido y también incluye medidas para eliminar la tasa de reposición, lo que permitirá una mayor contratación de personal en áreas que lo requieren urgentemente.

Asimismo, se ha acordado modernizar la clasificación de puestos de trabajo para alinearlos con las funciones reales, y reforzar los procesos de promoción interna con evaluaciones basadas en méritos. Estas medidas no solo mejoran las condiciones laborales, sino que pretenden aumentar la eficiencia y efectividad en la administración pública.

Con la eliminación de la tasa de reposición, el compromiso de que las ofertas de empleo público sean resueltas en el plazo de un año, y la inclusión de cuestiones como la insularidad y la mutualidad, el acuerdo parece ofrecer estabilidad y seguridad tanto para los empleados como para los administradores públicos, concluyó Araque.