Multan con 905.000 euros al promotor de Can Rova en Santa Eulària.

Una multa de más de 900.000 euros ha sido impuesta al promotor y explotador del asentamiento ilegal de Can Rova en Santa Eulària des Riu, por una infracción de la Ley de Urbanismo. La propuesta de sanción asciende a 905.137,61 euros, marcando un hito en la aplicación de la ley en este tipo de casos.

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha detallado que la cifra se basa en una valoración de los elementos instalados en la parcela, que abarca desde casetas de madera hasta caravanas y tiendas de campaña, sin contar con ningún tipo de licencia. Se trata de uno de los tramos más altos de la horquilla permitida por la ley, llegando a representar un 212,5 por ciento del valor total de todos los elementos detectados.

La parcela en cuestión, de 26.000 metros cuadrados, ha sido categorizada como Suelo Rústico Común con categoría de Área de Transición. Las inspecciones realizadas a finales de mayo evidenciaron la ausencia de licencia y un total de 103 elementos diferentes habilitados como alojamientos, con alquileres mensuales que oscilaban entre 500 y 700 euros por cada elemento.

Según el informe, las obras ejecutadas en la parcela carecían de licencia municipal y vulneraron las condiciones de edificación establecidas por las Normas Subsidiarias de planeamiento urbanístico municipal. Esto, sumado al beneficio obtenido por el promotor a través de los arrendamientos ilegales, ha llevado a la imposición de la cuantiosa multa.

El valor estimado de los elementos instalados se estableció en 425.947 euros, sirviendo como referencia para fijar la sanción. De acuerdo con la ley, el infractor debe ser sancionado con una multa que oscila entre el 100 y el 250 por ciento del valor de las obras realizadas en suelo rústico sin el correspondiente título urbanístico.

En este caso, la multa de 905.137,61 euros se sitúa en el tramo medio superior de la horquilla legal, debido al beneficio obtenido por el promotor a través de los arrendamientos de las parcelas donde se llevaron a cabo las instalaciones ilegales. Esta decisión marca un precedente en la lucha contra los asentamientos ilegales y en la aplicación de la normativa urbanística en la isla de Ibiza.