En la ciudad de Palma, la presunta responsable de un fraude inmobiliario que afectó a varios residentes de Son Gotleu ha declarado en el juicio que se vio obligada a abandonar la isla con su familia debido a deudas contraídas con prestamistas usureros. Según sus declaraciones, la seguridad de sus hijos estaba en peligro, lo que la llevó a defraudar a algunas de las víctimas para pagar a los prestamistas, por lo cual pidió disculpas en la Audiencia Provincial.

La mujer, de 41 años y conocida en los barrios obreros de Palma, se enfrenta a acusaciones de liderar un grupo conformado por su marido, de 51 años, y su hija, de 23, quienes también están siendo juzgados por su presunta participación en el fraude. La acusada finalmente compareció en el juicio luego de que su defensa solicitara que fuera interrogada al final de las declaraciones.

En su testimonio, la procesada afirmó que su hija no estaba al tanto del origen del dinero ni de las circunstancias que rodeaban el caso, eximiéndola de toda responsabilidad. Por otro lado, su esposo se negó a responder preguntas de su abogado, pero sí lo hizo cuando fue interrogado por el abogado de su hija, corroborando la versión de su pareja y admitiendo que no supieron cuidar de la joven.

Tanto la fiscalía como la acusación particular solicitan penas de prisión para cada miembro de la familia involucrada en el fraude inmobiliario, condenándolos a ocho años de cárcel y una multa de 8.760 euros por un delito de estafa agravada. Además, hay un cuarto acusado de origen marroquí que enfrenta una pena de seis años de prisión por presuntamente actuar como intermediario en la operación ilegal.