24h Baleares.

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Milán destituido como director de la OAIB tras aprobación de nueva ley de transparencia en el BOIB.

Milán destituido como director de la OAIB tras aprobación de nueva ley de transparencia en el BOIB.

Se inicia un plazo de seis meses para liquidar la Oficina Anticorrupción

PALMA, 18 Abr.

Tòfol Milán ha sido destituido hoy como director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares (OAIB) tras la publicación en el BOIB de la ley de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos, aprobada el 26 de marzo en el Parlament.

La destitución inmediata del director está prevista en la disposición adicional segunda de la nueva norma que, al entrar en vigor, da inicio al periodo de seis meses, según lo establecido en la disposición adicional primera, para cerrar el organismo.

De esta manera, Baleares se convierte en la primera Comunidad Autónoma en eliminar un organismo de este tipo. Además de la eliminación de la Oficina, la normativa establece que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos serán parcialmente confidenciales y que las denuncias no podrán presentarse de forma anónima.

Por el momento, será la Inspección General de Calidad y Servicios, con Catalina Ferrer, ex número dos de la Conselleria de Vivienda, al mando, quien se encargue de custodiar los expedientes en trámite. Sin embargo, el texto advierte que se declarará la caducidad de los procedimientos en curso que sobrepasen el plazo de seis meses o un máximo de nueve en caso de prórroga, contando desde el inicio de las actuaciones y procediendo a su archivo.

La norma establece la creación del Registro de Transparencia como un órgano administrativo adscrito al Parlament y a la Mesa, quienes serán responsables de tomar las medidas necesarias en cuanto a los recursos materiales y humanos que sean requeridos para su correcto funcionamiento. Este registro, según la ley, será de carácter reservado y cualquier acceso quedará registrado.

El PSIB ya ha anunciado que está evaluando la posibilidad de impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional (TC).