El pasado 25 de octubre, el partido MÉS per Mallorca ha dado un paso significativo al llevar a cabo una propuesta de ley destinada a limitar la compra de viviendas por parte de personas no residentes en las islas. Esta medida se enmarca en un esfuerzo más amplio por asegurar que la vivienda sea un derecho accesible para los habitantes locales, evitando así la especulación que ha caracterizado el mercado inmobiliario en Baleares.

Según la información proporcionada en su comunicado de prensa, la iniciativa ya se ha registrado oficialmente en el Parlament. A partir de esta semana, Lluís Apesteguia, coordinador general de MÉS, está presentando la propuesta a diferentes agrupaciones municipales que deseen sumarse a esta causa. La normativa busca dotar a los municipios de herramientas que les permitan restringir, de manera temporal, la compraventa de viviendas a no residentes y a entidades jurídicas, así como a aquellas que se adquieran como segundas residencias.

Durante el evento de presentación, realizado en Algaida, Apesteguia expuso: "Nuestra ambición es que cada familia tenga acceso a un hogar y que cada vivienda cumpla su propósito, que es albergar a una familia". Bajo esta premisa, subrayó la urgencia de adoptar medidas excepcionales dado el estado crítico de la crisis habitacional que atraviesa la región.

El portavoz del grupo parlamentario de MÉS destacó que esta propuesta no surge de la nada; por el contrario, se inspira en modelos europeos donde ya existen regulaciones similares. Países como Dinamarca, Malta e incluso regiones como las Islas Åland en Finlandia han implementado restricciones en la adquisición de propiedades por parte de no residentes. Apesteguia mencionó que, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, es posible establecer tales regulaciones siempre que se respeten cinco criterios fundamentales, que incluyen razones de interés general y no discriminación, entre otros.

La propuesta de MÉS delineará criterios específicos que los municipios deberán considerar antes de restringir la compraventa de viviendas. Por ejemplo, si el precio de compra o alquiler de una propiedad ha aumentado un tres por ciento sobre la variación del IPC en los últimos cinco años, o si el precio medio supera la proyección de ingresos de una década en relación al salario neto medio de las Islas Baleares. Estos elementos buscan asegurar la aplicabilidad razonable de las restricciones en el contexto del mercado local.

Además, MÉS ha definido un marco temporal para evaluar el impacto de estas medidas. Se propone un período de diez años para analizar los resultados de las restricciones, permitiendo así ajustes según corresponda. En el contexto de la especificidad, la normativa contempla hasta tres medidas concretas que pueden implementarse: la limitación de la compra a no residentes, restricción a personas jurídicas y la regulación de propietarios de una vivienda habitual.