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MÉS denuncia el desmantelamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos por parte de Prohens y resalta la promoción de la "Imposición del Castellano"

MÉS denuncia el desmantelamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos por parte de Prohens y resalta la promoción de la

PALMA, 13 Nov.

MÉS per Mallorca ha criticado la decisión del PP de eliminar el puesto de trabajo funcionarial de la Oficina de Derechos Lingüísticos, con un coste anual de 100.000 euros, mientras que en los Presupuestos autonómicos para 2024 se destinarán 750.000 euros a la "Oficina de Imposición del Castellano de Vox", que hace referencia a la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística.

En un comunicado emitido este lunes, MÉS per Mallorca ha señalado que la Oficina de Derechos Lingüísticos ha sido responsable de velar por el respeto de los derechos lingüísticos de la población en relación a las dos lenguas cooficiales de Baleares, y que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha decidido reemplazarla por una oficina política liderada por Vox.

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha declarado que "Prohens ha decidido seguir siendo prisionera de su pacto con Vox y ser la ejecutora de políticas antimallorquinas, antimenorquinas, antiibicencas y antiformentereras".

Además, Apesteguia ha asegurado que la supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos y la creación de una "Oficina de Imposición del Castellano" no estaba contemplada en el programa del PP. "Prohens recorta derechos lingüísticos y ataca la lengua propia en contra del 88 por ciento de los votantes de esta tierra", ha añadido el portavoz.

En la misma línea, el partido ha considerado que la creación de esta oficina "es uno de los mayores ataques a la lengua catalana en 40 años" y ha advertido que "supone acabar con la normalización lingüística y el Estatut d'Autonomia".

Asimismo, han subrayado que el PP "hizo bandera de reducir cargos, al calificarlos de gasto político ineficiente, y ahora, en cambio, eliminan un cargo funcionarial con una inversión de 100.000 euros por un comisario político que supondrá un gasto, como mínimo, de 750.000 euros".