PALMA, 10 de octubre. En un desarrollo que ha captado la atención del ámbito político, un juzgado de instrucción ha llamado a la diputada del PSOE, Mercedes Garrido, a declarar en relación a una acusación de acoso laboral que se remonta a su tiempo como consellera. Esta situación ha generado un debate sobre las dinámicas laborales en la administración pública.

La comparecencia de Garrido está programada para noviembre y la denuncia también implica al ex vicepresidente y conseller Juan Pedro Yllanes, según información publicada por el diario 'Última Hora' y corroborada por Europa Press. Este caso ha puesto de relieve las tensiones que pueden surgir en la esfera política y administrativa.

La denunciante es una empleada pública que ocupó un alto cargo bajo la dirección del Partido Popular en Mallorca y que anteriormente trabajó en la Vicepresidencia del Govern. Se siente acosada desde su paso por la administración, un reclamo que había llevado inicialmente a los tribunales de lo contencioso administrativo, donde su recurso fue desestimado. Además, el Defensor del Pueblo también archivó su queja, lo que añade complejidad a la situación actual.

Con la reciente decisión de llevar el caso a la vía penal, la funcionaria ha presentado una denuncia que incluye a otros servidores públicos y exconsellers, aludiendo a su responsabilidad en las acciones denunciadas. Este giro ha encendido un debate sobre la importancia de abordar el acoso laboral en todos los niveles del gobierno.

Desde el partido socialista, se han manifestado que Garrido se mantiene firme y confiada ante su citación, esperando que el proceso concluya de manera similar a las instancias anteriores, donde se llegó a un archivo del caso. Esta situación no solo afecta a los involucrados, sino que también plantea interrogantes sobre el clima laboral en el sector público y la necesidad de fomentar espacios de trabajo más seguros y respetuosos.