PALMA, 29 de noviembre.

La campeona olímpica doble Theresa Zabell ha declarado este viernes en calidad de testigo en el juicio que investiga el conocido como caso Calanova. Durante su testimonio, Zabell reveló que los administradores y socios de la sociedad Port Olímpic habían "utilizado su nombre sin autorización" para apoyar su candidatura, a pesar de que ella ya había manifestado su intención de desvincularse de la sociedad.

La política y deportista, que en un principio había formado parte de la licitación junto a su esposo con la intención de devolver al puerto su reconocimiento deportivo, se retiró del proceso al advertir que la venta de amarres y la especulación en torno a estos temas empezaban a eclipsar los objetivos deportivos que eran su verdadero interés. "Catanova había sido anteriormente un puerto emblemático", declaró, enfatizando su frustración ante el desvío de las metas iniciales.

“Comencé a notar elementos que no inspiraban mi confianza, por lo que decidí salir", continuó Zabell, quien también comentó que, incluso tras expresar su deseo de alejarse, tuvo que responder a un mensaje en las redes sociales en el que su nombre seguía vinculado al proyecto.

En el momento de su testimonio, Zabell formaba parte de la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2020. Atribuyó a su exmarido la responsabilidad de que continuaran las comunicaciones con los demás socios tras su salida del proyecto. "Tenía más deseos de salir que él", afirmó, añadiendo que también había dejado claro que las posibles contribuciones económicas debían ser discutidas con su expareja.

Durante la sesión del juicio, que tiene como acusados al exconseller de Turismo Carlos Delgado y a otras cinco personas por las supuestas irregularidades en la adjudicación del puerto en 2013, se presentaron otras declaraciones de exparejas de los implicados, incluido el administrador de Port Olímpic, Carlos Gelabert, quien tras su salida del consorcio se convertiría en socio del antiguo político.

Los interrogatorios se centraron en la relación personal que existía entre Gelabert y Delgado durante el procedimiento, así como en las supuestas presiones ejercidas sobre la expareja del administrador para que modificara su declaración inicial.

Mientras la expareja de Delgado testificó que la relación con Gelabert y su pareja no era amistosa, afirmando que "no eran nuestros amigos", la expareja de Gelabert sostuvo que se veían casi semanalmente. Esta última testigo también reveló que Delgado y Gelabert se comunicaban a través de los teléfonos de sus parejas, preocupados por la posible interceptación de las llamadas del exconseller. Además, según su relato, tras algunas conversaciones nocturnas, ambos se encontraban en persona.

La expareja de Gelabert presentó mensajes de texto como prueba de la relación amistosa que mantenían, subrayando que su intención no era perjudicar a su expareja, sino colaborar con la investigación.

Los testimonios también variaron en relación a una supuesta salida en barco: la expareja de Delgado negó que hubiera ocurrido, mientras que la de Gelabert lo confirmó. Esta discrepancia generó una llamada de la expareja de Delgado pidiendo aclaraciones sobre un hecho que, según ella, nunca sucedió. "Al finalizar la conversación, sospeché que me habían grabado", concluyó la expareja del administrador de Port Olímpic.

Para el exconseller Carlos Delgado, la Fiscalía solicita una pena de inhabilitación y un año y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, así como una multa de 1,1 millones de euros. Igualmente, se demandan penas similares de cárcel y multas por encima del millón de euros para el resto de los acusados.