Los responsables del evento de Romeo Santos llegan a un acuerdo con la Fiscalía y compensarán a los afectados con una indemnización de 40.000 euros.

Los responsables del evento de Romeo Santos llegan a un acuerdo con la Fiscalía y compensarán a los afectados con una indemnización de 40.000 euros.

Una trama de estafa en la venta de entradas para un concierto de Romeo Santos en Palma ha llevado a cuatro acusados a aceptar penas de cárcel que suman tres años y medio, además de indemnizar conjuntamente a las más de 300 víctimas con 40.419 euros. También se les impone una multa de 1.080 euros y una inhabilitación de un año para actividades relacionadas con la organización y gestión de eventos culturales.

La Audiencia Provincial de Baleares ha acogido una vista en la que se ha evitado el juicio gracias a un acuerdo entre las defensas y las acusaciones. Los procesados han reconocido los hechos, lo que les ha permitido obtener una importante rebaja en las condenas, ya que la Fiscalía inicialmente pedía hasta 17 años de cárcel.

Tres hombres han aceptado penas de un año de cárcel por estafa, mientras que una mujer ha sido condenada a seis meses como cooperadora necesaria. Se les han aplicado las atenuantes de confesión y reparación del daño. Por otro lado, las acusaciones contra dos encausados han sido retiradas y han quedado absueltos.

A pesar del acuerdo, uno de los condenados se ha negado a reconocer verbalmente los hechos, aunque ha aceptado el pacto. Esto ha generado una discusión con el tribunal, quien ha dejado en claro que el acuerdo solo podía ser alcanzado si admitía los hechos como aparecían en el escrito de acusación.

De esta manera, según el pacto alcanzado, los acusados han reconocido haber establecido canales de venta de entradas para conciertos que nunca se organizaron adecuadamente. Posteriormente, se limitaron a reprogramarlos y finalmente cancelarlos sin devolver el dinero alegando explicaciones generales. Desviaban las reclamaciones a los puntos de venta para evitar responder directamente.

En abril de 2016, programaron un concierto en el Velódromo Palma Arena y publicitaron el evento en las redes sociales. También programaron un festival en el que el artista actuaría en Valencia en el mismo mes. Las entradas se podían adquirir a través de puntos de venta, relaciones públicas, ticketeras o una web.

Además de anunciar en las redes sociales, no se hizo prácticamente ninguna actividad para garantizar los conciertos. No se contrató a ninguna empresa de servicios, no se realizaron reservas de vuelos y hoteles, ni se obtuvo la autorización necesaria. Los acusados tampoco abonaron completamente la reserva del Palma Arena.

Finalmente, en abril de 2016, a través de un comunicado en las redes sociales, la entidad anunció la reprogramación de la gira del artista en Europa. Alegaron un cambio dentro de la estructura de la empresa. Indicaron que los conciertos se celebrarían a finales de julio y que las entradas anteriores serían válidas. También prometieron devolver el dinero a aquellos que no pudieran asistir, pero las respuestas a los correos electrónicos indicados en el comunicado eran inexistentes. Las reclamaciones eran centralizadas en un punto de venta para evitar enfrentarse directamente a las demandas de devolución.

Finalmente, a través de otro comunicado emitido en julio, se anunció la cancelación del tour en Valencia y Palma, asegurando que se devolvería el importe de las entradas que ya se habían vendido. Sin embargo, solo se reembolsó el dinero recaudado a través de ticketeras, ya que estas empresas retienen el dinero hasta la celebración del concierto y no pagan a los promotores hasta entonces.

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