En Palma, el 8 de enero, la Sindicatura de Cuentas ha emitido un informe que aclara la situación de Pilar Bonet, la exconsellera del Consell de Mallorca, en relación con presuntas irregularidades durante su gestión en el Ayuntamiento de Llucmajor. El análisis ha confirmado que no se han hallado pruebas de que Bonet haya replicado las actividades delictivas por las que fue condenada en su función pública.

Este informe, solicitado por el Parlament, detalla las subvenciones y contratos gestionados por el Ayuntamiento entre 2019 y 2022, un periodo en el que Bonet simultaneó su cargo como regidora de Hacienda y su implicación con Globalia. Aunque la exconsellera fue condenada por un desfalco que superó los dos millones de euros a la citada empresa, aceptando una pena de prisión y alegando problemas de compulsión por compras, la auditoría no ha sido capaz de encontrar evidencias que vinculen sus acciones en el ámbito privado con las de su gestión pública.

A pesar de la ausencia de pruebas concretas que demuestren la duplicidad en la estafa, la Sindicatura llevó a cabo una exhaustiva revisión del cumplimiento normativo en el Ayuntamiento de Llucmajor. Al examinar 39 contratos —tanto menores como no menores— y tres subvenciones específicas, el organismo encontró notorias deficiencias en el manejo de los procedimientos, llevando a identificar 58 incidencias que contradicen la legalidad vigente.

Las irregularidades encontradas incluyen la falta de medidas de publicidad adecuadas para las convocatorias de subvenciones, así como incongruencias entre el alcance de las mismas y sus destinatarios. En particular, la Sindicatura señaló que algunas ayudas diseñadas para personas físicas y pequeñas empresas permitieron la participación de entidades vinculadas a un grupo empresarial al que Bonet tenía conexiones laborales.

La Sindicatura también advirtió que Bonet fue la persona encargada de gestionar estos procedimientos, lo que plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad y la objetividad necesarias en tales procesos. Aquellas subvenciones en las que participaron empresas de Globalia, entre ellas Globalia Call Center y Globalia Formación, carecían de la debida transparencia y cumplían con múltiples inconsistencias en su funcionamiento administrativo.

Entre las medidas recomendadas por la Sindicatura se encuentra la necesidad urgente de que el Ayuntamiento de Llucmajor revise sus competencias en materia de gestión de subvenciones y estandarice un plan estratégico que contemple un periodo de tres años para la concesión de ayudas. Se sugirió, además, que todas las convocatorias incluyan los elementos básicos exigidos por la normativa vigente y se respeten rigurosamente los plazos de gestión para asegurar la claridad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.