Productores ecológicos alertan de la contradicción que puede suponer consumir productos ecológicos elaborados a miles de kilómetros

PALMA, 27 Ene.

Los defensores de los consumidores y los productores ecológicos de Baleares celebran la nueva ley europea contra el 'blanqueamiento ecológico' si permite ganar en transparencia y claridad y avanzar hacia un consumidor más formado y consciente respecto al origen y características del producto que se adquiere o se consume.

El pleno del Parlamento Europeo ha dado recientemente luz verde a la ley que exigirá evidencias de reclamos 'verdes' y prohibirá el 'ecopostureo' para proteger a los consumidores de la publicidad engañosa.

A grandes rasgos, la norma, que tendrá que volver al Consejo para su aprobación final, prohibirá declaraciones ambientales genéricas como 'respetuoso con el medio ambiente', 'natural', 'biodegradable', 'climáticamente neutral' o 'eco', sin pruebas de un excelente desempeño ambiental reconocido relevante para la declaración, así como etiquetas de sostenibilidad que no se basen en sistemas de certificación aprobados ni establecidos por autoridades públicas.

El presidente de la Asociación de Consumidores de Baleares Consubal, Alfonso Rodríguez, ha celebrado la aprobación de la norma y de cualquier iniciativa que tienda a proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias y, sobre todo, aquellas que, además, vayan en la dirección de preservar el medio ambiente y el consumo de productos medioambientalmente peligrosos.

El uso fraudulento de etiquetaje está, a día de hoy, entre las prácticas fraudulentas más extendidas. "Por desgracia, cualquier firma puede incluir en sus etiquetas y mensajes publicitarios términos que inciten a pensar que el producto es medioambientalmente responsable sin que estén confirmados esos extremos", ha afirmado.

Sobre esta cuestión y en la misma línea, el presidente de la Asociación de la Producción Agraria de Mallorca (Apaema), Miquel Coll, ha celebrado la medida alertando de la competencia desleal que sufre el sector por el uso indiscriminado y sin ninguna certificación de conceptos como 'natural', 'eco', 'sostenible' o 'producción regenerativa'.

Coll ve así con buenos ojos la nueva norma ante el aumento de la demanda de este tipo de productos, pero con un buen número de consumidores todavía "confundidos", aunque sí preocupados por qué compran o qué comen.

En todo caso, desde Apaema animan igualmente a ir más allá de la situación actual e impulsar iniciativas centradas en resaltar el origen del producto, "a menudo camuflado en el etiquetado", alertando de la contradicción que a veces supone adquirir un producto ecológico que ha tenido que ser transportado desde miles de kilómetros con la consecuente huella de carbono.

Proliferan también reclamos relacionados con la agricultura regenerativa, cuando no existe ninguna norma que regule este tipo de producción. "Lo están empleando muchas empresas para blanquear sus productos porque se está poniendo de moda cuando no hay ningún tipo de control", añade Coll.

Por otra parte, la ley establece también una nueva etiqueta armonizada para destacar productos con garantía ampliada a fin de hacer más visible está información, ya que muchas personas no saben que todos los productos disfrutan de al menos dos años de garantía en la UE.

Sobre esto, el presidente de Consubal reconoce que a la entidad acude un buen número de consumidores con reclamaciones que tienen que ver con la garantía de los productos.

"Con las nuevas normativas que han ampliado los plazos de garantía de los bienes, la gran mayoría de las personas consumidoras y usuarias desconocen sus derechos en este ámbito", recalca.

Las nuevas normas también prohibirán las afirmaciones infundadas sobre durabilidad como que una lavadora durará "5.000 ciclos de lavado" si esto no es cierto en condiciones normales, así como las incitaciones a reemplazar los consumibles antes de los estrictamente necesario y presentar bienes como reparables cuando no lo son.

En todo caso, Alfonso Rodríguez matiza que las iniciativas para proteger a las personas consumidoras "nunca son suficientes" aunque admite que se trata de un paso "muy importante".

La directiva fue adoptada el pasado 17 de enero por 593 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones y pretende proteger a los consumidores de prácticas de venta engañosas y ayudarles a tomar mejores decisiones de compra, en base al acuerdo alcanzado con el Consejo en septiembre de 2023, que también deberá dar su aprobación final para que el texto se publique en el Diario Oficial de la UE.

Para lograrlo, se agregarán a la lista de prácticas comerciales prohibidas de la UE una serie de hábitos de marketing problemáticos relacionados con el 'ecopostureo', los reclamos 'verdes' engañosos y la obsolescencia temprana de los productos.

Además, si los productos u organizaciones se comparan con otros, estas comparaciones deben ser justas y basarse en información y datos equivalentes y se exigirá que los sistemas de etiquetado medioambiental sean sólidos, fiables, transparentes y estén verificados.