El Tribunal Supremo ha ratificado la resolución emitida por la Audiencia Provincial de Madrid, que en 2022 determinó penas de hasta ocho años de prisión para una organización delictiva que estafó más de 6 millones de euros a futbolistas extranjeros. Entre los afectados se encuentra el exjugador del RCD Mallorca, Pierre Webó. Además, la sentencia impuso una multa astronómica de 18 millones de euros a una inspectora de Hacienda, cifra que se corresponde con el triple de las ganancias ilícitas obtenidas por los condenados.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a tres de los individuos involucrados a un total de ocho años de prisión. Los cargos en su contra incluyeron delitos continuados de estafa, falsificación de documentos públicos, y el uso indebido de información privilegiada obtenida de un funcionario público.

En el caso de la inspectora de la Agencia Tributaria, quien inicialmente recibió una condena de dos años de prisión por su papel en este escándalo, su condena fue posteriormente incrementada a seis años tras la confirmación de esta decisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Asimismo, se le impuso la misma multa de 18,8 millones de euros, lo que refleja la gravedad de su conducta delictiva. Con su reciente dictamen, el Tribunal Supremo ha decidido no aceptar las apelaciones de los condenados, asegurando la permanencia de esta sentencia.

Los implicados se enfrentaron a la justicia en marzo de 2022, donde se les acusó de apoderarse de 6,3 millones de euros derivados de devoluciones del IRPF que los jugadores, la mayoría de ellos deportistas de élite, nunca habían solicitado ni conocían su derecho a reclamar. Entre las víctimas de esta estafa se encuentran nombres conocidos como los exjugadores del Real Madrid, Nuri Sahin y Hamit Altintop, así como el exatleta del Atlético de Madrid, Eduardo Salvio. Pierre Webó, que también dejó su huella en Osasuna y Leganés, se suma a esta lista de perjudicados.

El máximo tribunal del país ha verificado que, entre febrero de 2015 y noviembre de 2016, los procesados aprovecharon dos empresas para gestionar solicitudes de devoluciones ante la Agencia Tributaria. Estas reclamaciones se referían a montos que diversas estrellas del fútbol y del baloncesto tenían derecho a recibir, pero que lo hacían sin el conocimiento de los deportistas, quienes jamás fueron informados de dichas solicitudes.

Específicamente, el fraude consistía en solicitar devoluciones correspondientes a la diferencia entre las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que los jugadores habían pagado como residentes fiscales en España, y las obligaciones a las que realmente debían enfrentarse como no residentes. Este esquema manipulativo pone de relieve la vulnerabilidad de los deportistas frente a prácticas deshonestas que afectan su bienestar económico y reputacional.