La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación sobre presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en contratos firmados durante la primera etapa de la pandemia por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares. Se sospecha la participación de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en una presunta trama para el suministro de mascarillas.

Esta decisión se ha tomado después de recibir una denuncia de un particular y llevar a cabo diversas medidas para verificar la competencia de investigar los hechos alegados.

La Fiscalía Europea ha tomado esta determinación tras recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, quienes investigan a siete miembros de la presunta 'trama Koldo'. Se investiga el pago de comisiones irregulares para obtener contratos de mascarillas con la Administración durante la primera etapa de la pandemia.

Se están investigando presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, de acuerdo con la legislación local y el Reglamento de la Fiscalía Europea.

La Fiscalía Anticorrupción española envió documentación a la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2023, ya que los contratos afectaban a fondos de la Unión Europea. Se trata de contratos suscritos con comunidades autónomas como Canarias y Baleares, cuyos importes ascienden a varios millones de euros.

En el caso de Canarias, se firmaron cuatro contratos con una empresa por un total de 16.019.079 euros, mientras que en Baleares se acordó un contrato por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.

Los contratos restantes adjudicados a la presunta 'trama Koldo' están siendo investigados por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Se mencionan expedientes por montos millonarios adjudicados por diferentes entidades gubernamentales durante el mismo periodo de tiempo.

La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar si existen personas o empresas involucradas en estos presuntos delitos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la integridad en la gestión de fondos públicos.