PALMA, 7 de noviembre.

En un caso que ha reavivado el debate sobre la autodefensa y los límites del uso de la fuerza, la fiscalía ha argumentado que Pau Rigo, un anciano de Porreres (Mallorca), pudo haber evitado el trágico desenlace en el que se vio envuelto tras disparar contra un ladrón que irrumpió en su hogar en 2018. Al inicio del juicio oral, la representante del Ministerio Público afirmó que existían opciones alternativas que Rigo debió considerar antes de optar por hacer uso de su escopeta. "Había otro modo de proceder", argumentó, marcando un tono crítico hacia las acciones del acusado.

Este jueves, la Audiencia de Palma ha dado paso a la repetición del juicio, comenzando con la selección del jurado popular encargado de decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Rigo, además de otros tres individuos implicados en el robo. En esta fase inicial, se expusieron los informes de cada parte, dejando claro que las dos situaciones —la defensa del hogar y el delito cometido— no son tan simples como podrían parecer a primera vista.

La fiscal ha señalado que, aunque Rigo se sintió "intimidado" ante la situación de asalto, el hecho de haber optado por disparar con una escopeta cargada resultó en un desenlace fatal que pudo haberse evitado. "Creo que había otros métodos de actuar antes de disparar de la manera que lo hizo. Podía haber activado la alarma o incluso haber salido a la calle para buscar ayuda", enfatizó, dejando en el aire dudas sobre la proporcionalidad de la respuesta del anciano.

Refiriéndose a los implicados, la fiscal no escatimó en críticas hacia ambos lados. A pesar de reconocer que los ladrones actuaron de manera errónea, se mostró firme en su postura de que Rigo también debería asumir responsabilidades por sus actos. En este sentido, la fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión por homicidio para el octogenario, junto con penas que oscilan entre cinco y seis años de cárcel para los ladrones que planificaron el robo.

Mientras tanto, la defensa de los acusados —los vecinos de Campos señalados como planeadores del atraco— informó que sus clientes están dispuestos a aceptar su implicación en el delito durante su declaración ante el jurado, lo que podría complicar aún más el entramado del caso y plantear interrogantes sobre las dinámicas de complicidad y responsabilidad en el contexto de la criminalidad en las comunidades locales.