En una noticia que parece sacada de un guión de película, la hospedería del Santuario de Lluc ha vuelto a ser protagonista tras ser denunciada en 2022 y enfrentarse ahora a un expediente sancionador por diversos incumplimientos. El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha destacado en sus declaraciones a la prensa que el anterior equipo de gobierno en el Consell de Mallorca no actuó con la diligencia necesaria en aquel momento.

El conseller insular ha confirmado la apertura del expediente como parte de las inspecciones que se están llevando a cabo para erradicar la oferta ilegal en la isla. A pesar de no revelar los motivos específicos que llevaron a la apertura del expediente, Rodríguez ha asegurado que se trata de información confidencial. Por lo tanto, no se han especificado las posibles sanciones que la hospedería podría enfrentar.

La situación actual implica un periodo de alegaciones que podría extenderse durante varios meses, sin afectar por el momento a la actividad diaria del establecimiento, que continúa publicitándose en plataformas de reservas. No obstante, la aparición del expediente sancionador ha levantado ciertas suspicacias, especialmente después de las declaraciones del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, sobre la congestión de tráfico en la zona del Santuario de Lluc.

This is another unexpected twist in the saga of the hostel at the Sanctuary of Lluc, where the Bishopric of Mallorca is in charge. Despite not having received formal notification of any infringement from the island institution, the Bishopric has expressed its willingness to rectify any irregularities that may arise during the course of the inspection. The only document available at this time is the report drafted by inspectors after their recent visit to the sanctuary.

In any case, the Bishopric emphasizes its commitment to ensuring compliance with regulations and is prepared to address any issues that may arise from the inspection process. Whether or not this leads to a sanction, there is a clear intention to rectify any deficiencies and update any necessary procedures in order to comply with the law.