PALMA, 5 de febrero. La Oficina de Extranjería en Baleares enfrenta una crisis intensa que podría intensificarse con la próxima implementación de un proceso de regularización extraordinaria, previsto para dentro de aproximadamente dos meses.

María Fernández, delegada sindical del CSIF, ha expresado en una entrevista con Europa Press que el colapso previsto a nivel nacional podría ser todavía más grave en Baleares. La delegada comenta que la situación actual de recursos humanos es alarmante y no augura nada bueno para el futuro cercano.

La precariedad en la Oficina de Extranjería es alarmante, con un déficit de personal del 50%. Aún más preocupante es que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no ha sido actualizada, lo que complica aún más la gestión de los casos. En la actualidad, solo hay tres funcionarios disponibles, y se espera que abandonen sus puestos en junio tras participar en un concurso de traslados. Además, existen seis interinos que solo estarán hasta mayo, aunque su permanencia se podría extender unos meses más.

A pesar de que se podría incorporar un nuevo grupo de trabajadores, Fernández advierte que el problema persistirá. Estos nuevos empleados requerirán formación y adaptación, lo que implica un tiempo adicional para que puedan ser plenamente operativos. “La situación se ha vuelto tan desalentadora que ni siquiera es atractivo para los nuevos profesionales venir o quedarse”, puntualiza.

La representante del CSIF ha hecho un urgente llamado a los Servicios Centrales, señalando que si no se toman medidas pronto, en cinco años la crisis podría afrontar un desenlace realmente grave.

En el ámbito gubernamental, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de su Secretaría de Estado, ha indicado que aún no se ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes de regularización extraordinaria para migrantes y ha instado a la ciudadanía a mantener la calma.

La Secretaría de Estado ha destacado que el documento inicial de este proceso está actualmente en audiencia pública, lo que permite la participación ciudadana para presentación de sugerencias y comentarios. Este período de consulta es clave, ya que tras su finalización se incorporarán las aportaciones pertinentes antes de enviar el texto a diversas instituciones para su evaluación.

Un informe crucial del Consejo de Estado brindará las necesarias garantías jurídicas al Real Decreto. Después de la revisión final por el Consejo de Ministros, el decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Solo entonces comenzará el periodo oficial para la presentación de solicitudes, previsto para principios de abril.