En el día de ayer, 5 de diciembre, la Audiencia Nacional de España tomó una decisión significativa al absolver a seis individuos en un caso relacionado con el adoctrinamiento yihadista en Inca, Mallorca. El tribunal evaluó pruebas que incluían vídeos de contenido extremista pero determinó que estos materiales representaban únicamente una expresión ideológica y no un llamado directo a la acción violenta.

Según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, los jueces consideraron que no existían evidencias suficientes para establecer que el acceso al contenido yihadista tenía como objetivo capacitar a los acusados para perpetrar actos terroristas. Este hecho fue crucial para justificar la absolución.

La fiscalía había presentado como prueba central una serie de cuatro vídeos titulados 'Toufik se fue a Siria', donde Tariq C., el supuesto líder, junto con otros acusados, ilustraban la narrativa de radicalización de un joven ficticio que supuestamente se unía a las filas del Estado Islámico. Sin embargo, el tribunal señala que, lejos de fomentar la unión al grupo terrorista, los vídeos desalentaban dicha acción.

El fallo destaca que la figura de Tariq C. es reconocida en comunidades musulmanas gracias a su actividad en YouTube, alineándose con la corriente salafista del islam. Sin embargo, su discurso es considerado matizado, y no necesariamente promueve una incitación al terrorismo, como se evidenció en uno de sus sermones, donde abogaba por el respeto hacia las figuras mayores en la comunidad.

Respecto a los otros acusados, la Audiencia Nacional señala que el simple hecho de buscar información en línea sobre formas de violencia política no es suficiente para una condena. Se requiere una clara identificación de comportamientos peligrosos o intenciones específicas relacionadas con el radicalismo.

El tribunal resalta que la jurisprudencia exige la prueba de que cualquier autoformación en ideologías violentas esté dirigida a la comisión de delitos de terrorismo o a la instigación de otros. Hasta la fecha, la Fiscalía había solicitado penas que oscilarían entre cinco y ocho años de prisión, junto con multas de hasta 12.000 euros, en relación con los supuestos delitos de adoctrinamiento y autoadoctrinamiento.