El juicio por el caso Exámenes, en el que se acusa a siete personas, incluyendo a excargos y funcionarios de la Policía Local de Palma, de amañar unas oposiciones para el cuerpo municipal, ha sido señalado por la Audiencia Provincial de Baleares para febrero de 2024, probablemente el día 21.

Entre los acusados se encuentran el antiguo director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo; el intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antonio Vera; el comisario jefe de la Comisaría Operativa y de Seguridad, Rafael Estarellas, y otros cuatro funcionarios de la Policía Local.

De acuerdo con el escrito de acusación, el caso se remonta al 2012, cuando se convocó un concurso-oposición para cubrir 14 plazas de oficial de la Policía Local de Palma. Según la fiscalía, Calvo, Vera y Estarellas presuntamente decidieron de mutuo acuerdo alterar el resultado de las pruebas para beneficiar a determinados agentes.

El fiscal sostiene que Calvo aprovechó su posición y jerarquía para influir sobre otros funcionarios, mientras que Vera y Estarellas utilizaron sus funciones y conocimientos para manipular las pruebas. Se afirma que estos últimos elaboraron preguntas de la prueba profesional especificando las respuestas correctas y las facilitaron a Calvo.

Calvo, según la versión del Ministerio Público, envió las preguntas con las respuestas a dos de los agentes que participaban en la oposición, con el objetivo de favorecerlos. Otros dos agentes que recibieron las preguntas y respuestas obtuvieron resultados coincidentes con las respuestas facilitadas.

El plan, según la fiscalía, era favorecer a los policías involucrados, asegurando el ascenso de dos de ellos y la obtención de una plaza fija como funcionario para un tercero.

Además, se acusa a Vera de facilitar todas las preguntas y respuestas del examen a otra persona, quien obtuvo la máxima puntuación. Estos resultados permitieron a las tres personas beneficiadas superar las pruebas y acceder a las plazas.

El fiscal también destaca la actitud de Estarellas, quien se negó a investigar las irregularidades denunciadas y no tomó medidas para anular el concurso a pesar de tener conocimiento de la filtración.

Por último, se señala al séptimo acusado, un inspector de la Unidad Nocturna, por archivar denuncias y expedientes administrativos contra otro de los procesados, supuestamente como represalia por haber revelado la existencia de la filtración de las preguntas.

La fiscalía considera los hechos como delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión de perseguir delitos. Se solicitan diversas penas de prisión e inhabilitación para los acusados, que van desde 18 meses de prisión e inhabilitación por cuatro años para Calvo, Vera y Estarellas, hasta 15 meses de inhabilitación para el séptimo acusado.