PALMA, 28 de noviembre. En un giro inesperado en el juicio del caso Calanova, se ha revelado que el socio del exconseller de Turismo Carlos Delgado se benefició notablemente tras la venta de sus acciones en la sociedad Port Olímpic. Este movimiento económico, que se realizó después de que la entidad ganara en 2013 el concurso para gestionar el puerto deportivo Calanova, se ha interpretado como un “pago al favor” por haber logrado la concesión de dicha infraestructura.

El caso, que está en el centro de la atención mediática, ha continuado este jueves con la declaración de varios investigadores que han analizado las supuestas irregularidades en la adjudicación del proyecto. Estos testimonios son cruciales para comprender la trama que rodea este escándalo de corrupción, donde Delgado y cinco coacusados enfrentan graves cargos.

Durante una de las audiencias, uno de los investigadores confirmó que el socio de Delgado, Carlos Gelabert, ya había declarado previamente que había vendido sus participaciones en la sociedad por 210.000 euros, tras haber realizado una inversión inicial de apenas 10.000 euros. Este testimonio resalta las diferencias en las salidas de otros socios, quienes optaron por retirar sus aportaciones al valor nominal de las acciones, lo que plantea preguntas sobre las tácticas empleadas para maximizar beneficios a costa de la transparencia.

Además, el investigador reveló que tras la salida de la política de Delgado, él y Gelabert continuaron como socios en un despacho, lo que añade una capa adicional de complicidad y beneficio mutuo entre ellos. La conexión va más allá de lo profesional, ya que otros agentes han corroborado la cercana relación de amistad que ambos compartían, a partir de testimonios de sus exparejas y registros de sus encuentros sociales.

Otro punto destacado por uno de los investigadores fue la opinión de dos consejeros, incluido el de PortsIB, quienes afirmaron que la oferta de Port Olímpic “vulneraba de plano” los requisitos establecidos en los pliegos del concurso. Sin embargo, esta crítica no impidió que la propuesta avanzara, gracias a los cruciales votos de los consejeros vinculados a la Conselleria.

En este contexto, el papel de figuras como la campeona olímpica Theresa Zabell también ha sido destacado. Zabell formó parte de la sociedad en sus inicios, pero decidió retirarse para no interferir en las aspiraciones de Madrid a albergar los Juegos Olímpicos de 2020. Según testimonios recopilados, su salida se coordinó estratégicamente después de la adjudicación, aprovechando su influencia en la presentación del proyecto.

El proceso ha dejado en evidencia irregularidades, como la falta de publicación de ciertas consultas que Port Olímpic presentó durante el procedimiento, las cuales no fueron accesibles a los otros licitantes. Este hecho pone en entredicho la transparencia del proceso de adjudicación y los principios de igualdad de oportunidades en las licitaciones públicas.

En relación a las implicaciones de la venta de participaciones, se ha indicado que “los cambios societarios comenzaron al adjudicarse el concurso”. La falta de claridad sobre la vinculación de estos movimientos y la rápida revalorización de inversiones hace que la situación sea aún más sospechosa. Cabe mencionar que antes de la adjudicación, Gelabert y otro socio vendieron sus acciones por los mencionados 210.000 euros cada uno a otro socio, lo que plantea serias interrogantes sobre la ética en la gestión empresarial.

Al cierre de la sesión de este jueves, el presidente del tribunal anunció que la abogada que iba a declarar sobre las instrucciones para la adjudicación no podrá hacerlo por razones médicas, lo que representa un revés significativo para la acusación. Este testimonio es considerado por el Ministerio Fiscal y las partes querellantes como “trascendental” para el desarrollo del caso.

Por último, es importante mencionar que la Fiscalía ha solicitado para el exconseller Carlos Delgado una condena que incluye inhabilitación y una pena de un año y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Además, se ha exigido el pago de una multa de 1,1 millones de euros. Las demandas para los demás acusados reflejan una gravedad similar, requiriendo penas de cárcel y multas que también superan el millón de euros, señalando así la magnitud de los supuestos delitos cometidos.