PALMA, 20 de noviembre. En un reciente juicio que se está desarrollando en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, un inspector del Govern que estuvo involucrado en las evaluaciones de Cárnicas Vicente entre 2012 y 2017 ha declarado que nunca observó prácticas que pudieran considerarse “peligrosas para la salud” durante su labor. Este testimonio surgió en respuesta a preguntas formuladas por la defensa del administrador de la empresa.

El inspector, al ser interrogado sobre el proceso de descongelación de la carne, destacó que, a pesar de que la empresa había llevado a cabo un proceso de subsanación que no tuvo una evaluación final completa, sí había informado adecuadamente sobre él, tal como lo exige la normativa de autocontrol. Afirmó que las prácticas eran conformes, subrayando que “no se estaba haciendo nada peligroso para la salud ni muchísimo menos”.

Gran parte de las preguntas se enfocaron en el uso de agua caliente para la descongelación de los productos cárnicos. El funcionario observó que la normativa no establece criterios específicos sobre este método, sino que se limita a recomendar que las prácticas ocurrieran en “condiciones adecuadas”.

En cuanto al estado general de las instalaciones, el inspector aseguró que si en alguna de sus visitas habría detectado suciedad o condiciones irregulares, habría tomado acción de inmediato. “No estaba en malas condiciones. Había algunos incumplimientos, pero nada que no se pueda encontrar en cualquier otro establecimiento”, afirmó. Aunque reconoció que había habido prácticas “poco ortodoxas” en el etiquetado, subrayó que no constituyeron ninguna ilegalidad.

Es importante recordar que durante la sesión del lunes, los agentes de policía que llevaron a cabo el operativo en marzo de 2018 expusieron que las condiciones higiénicas de la instalación eran deficientes y preocupantes.

Por otro lado, durante el interrogatorio de la fiscal, quien planteó preocupaciones sobre deficiencias que persistieron a lo largo del tiempo y en múltiples inspecciones, el inspector admitió la existencia de estas, aunque matizó que ninguna práctica era “extremadamente peligrosa” como para justificar la suspensión del negocio. “No hay nada tan trágico como usted me lo plantea”, le respondió a la fiscal.

Durante un pasaje del interrogatorio relacionado con la seguridad alimentaria de los productos congelados, la presidenta del tribunal tuvo que advertir al inspector sobre las consecuencias de incurrir en falso testimonio si sus respuestas fueran “reticentes”, luego de varios intentos de la fiscal por formular la misma pregunta.

La fiscal planteó una inquietud acerca de la venta de pollo que está próximo a caducar, inquiriendo si el cliente podría volver a congelarlo tras su descongelación. El inspector, como experto, respondió que “no es recomendable” desde el punto de vista de la calidad alimentaria y seguridad, aunque destacó que no hay una normativa específica al respecto.

La presidenta del tribunal intentó clarificar la pregunta: “Si compro carne que caduca mañana y la congelo hoy, dentro de la fecha, y luego la descongelo, ¿cuánto tiempo puedo consumirla?”. El testigo respondió que “no puede responder” a la pregunta ya que eso depende de lo que estipule la empresa proveedora.

Asimismo, en el interrogatorio de la fiscal, el inspector manifestó no estar al tanto de una denuncia penal en su contra. Tampoco reconoció tener una relación de amistad con el administrador procesado.

El funcionario negó, ante las preguntas de la representación de la CAIB, tener alguna causa abierta en su contra por presuntamente haber facilitado correos electrónicos a las partes involucradas, lo que le ha llevado a estar suspendido, y recalcó que no tenía interés alguno en la absolución o condena del procesado, aunque sí había observado “procedimientos no correctos”.

En la inauguración de este juicio, el administrador de la sociedad negó haber comercializado alimentos adulterados o caducados, defendiendo las prácticas de congelación y descongelación aplicadas en su empresa. El proceso legal ha ido evolucionando, ya que las acusaciones por delitos de estafa y contra la seguridad en el trabajo han sido retiradas, y actualmente se enfoca en un delito contra la salud pública.