En Palma, el 21 de agosto, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares ha expresado su firme oposición a la derogación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares, solicitando la suspensión de esta tramitación.

En un documento presentado durante el proceso de liquidación de esta normativa, los abogados argumentan que la propuesta de derogación, promovida por Vox, atenta contra los derechos a la verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición.

La Comisión de Derechos Humanos del ICAIB respalda sus argumentos con las declaraciones del Relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, quien destaca las obligaciones de todas las administraciones de preservar estos derechos. En Baleares, a diferencia de otras regiones que han derogado leyes similares, se mantiene vigente la ley de fosas.

Los abogados consideran que estas medidas podrían afectar la obligación de los poderes públicos de garantizar la preservación de la memoria histórica sobre graves violaciones de derechos humanos, al ordenar la eliminación de entidades, proyectos y actividades previstas en la legislación vigente.

Además, alertan sobre el riesgo de dificultar el acceso a la verdad sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como de invisibilizar o no condenar las violaciones cometidas durante el régimen franquista.

Recordemos que en el pleno del Parlament del 18 de junio se aprobó la tramitación de la derogación, propuesta por Vox. Durante esa sesión, el presidente de la Cámara protagonizó un incidente al romper una fotografía de Aurora Picornell que estaba en el ordenador de la diputada socialista Mercedes Garrido, lo que generó polémica y cuestionamientos sobre su continuidad como segunda autoridad de las Islas.

La discusión sobre la permanencia del presidente en su cargo será tema de un pleno extraordinario el 3 de septiembre. A pesar de la ruptura de los acuerdos entre PP y Vox, el Ejecutivo autonómico ha confirmado que la tramitación de la derogación de la ley de memoria seguirá su curso.