PALMA, 18 de noviembre. - En una reciente comparecencia, la consellera de Salud, Manuela García, reveló preocupantes irregularidades en la gestión de las adjudicaciones del IbSalut durante la crisis sanitaria. De acuerdo con sus declaraciones, entre un 60 y un 96% de los contratos por encima de los 100.000 euros durante la pandemia no cumplían con la normativa establecida en las leyes de contratación pública.

La consellera presentó estos datos como parte de los hallazgos preliminares de una auditoría impulsada por el Govern, que se llevó a cabo en respuesta a preguntas formuladas por Patricia de las Heras, diputada del grupo Vox. Este análisis pretende arrojar luz sobre las prácticas de contratación que se llevaron a cabo en plena emergencia sanitaria.

García explicó que se ha realizado una revisión exhaustiva de 60 expedientes de contratos otorgados por vías de emergencia durante la gestión del Covid-19 en la anterior legislatura. Reveló que, en la mayoría de estos casos, los informes que justificaban la contratación se generaban después de que el servicio ya había sido prestado, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad del proceso.

Asimismo, la consellera destacó que muchos contratos carecían de formalización por escrito, que casi todos no tenían actas de conformidad y que no había certificaciones que verificaran la recepción del material. Además, una cantidad significativa de estos contratos no se habían publicado en el perfil de contratación pública correspondiente, lo que complica aún más la rendición de cuentas.

((Se espera una ampliación de la información en breve))