PALMA, 6 de octubre.

Jaume Ferrer, quien ocupó el cargo de presidente del Consell de Formentera entre 2007 y 2019, ha salido en defensa de sus decisiones relacionadas con la demolición de un centro comercial en Ca ses Castellones, ubicado en el corazón de Sant Ferran. Ferrer ha argumentado que las apelaciones interpuestas contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), que ordenaba el derribo, se realizaron con el objetivo de evitar “graves perjuicios” a las finanzas de la institución insular.

Esta declaración tuvo lugar durante la última fase del juicio que enfrenta a Ferrer junto al exconseller de Territorio, Bartomeu Escandell, y otros funcionarios insulares en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

El exlíder insular optó por no responder a los cuestionamientos de la acusación popular, que alega que favoreció intereses privados en la planificación de rondas en Sant Francesc y Es Pujols. En su lugar, solo dirigió sus respuestas al fiscal y a su defensa.

Ferrer enfatizó que ninguna de sus acciones fue intencionada para desobedecer una sentencia, insistiendo en que siempre actuó con el respaldo de los técnicos del Consell de Formentera, buscando proteger un presupuesto ya comprometido. Aseguró que la institución no contaba con medios para afrontar una responsabilidad patrimonial en ese contexto.

En cuanto a un acuerdo del pleno que excluyó de la protección a la construcción en Ca ses Castellones al revisar los conjuntos de Bien de Interés Cultural (BIC), aclaró que dicha revisión abarcó todos los conjuntos de la isla, y no fue un trámite específico para el caso en cuestión.