La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha expresado su preocupación por lo que considera una falta de control en la gestión de ciertas prestaciones sociales. Según ella, esta situación podría estar generando un "efecto llamada" que atrae a más personas en busca de apoyo, lo cual complica el sistema actual.

Durante una reciente rueda de prensa, en la que se firmó un convenio para el servicio de atención domiciliaria con el Consell de Mallorca, Fernández resaltó que su objetivo es mejorar la organización y eficacia en el reparto de estas ayudas. "No podemos ofrecer cobertura social a todos los que llegan", afirmó, subrayando la necesidad de establecer límites y criterios más claros.

La consellera hizo hincapié en que existen problemas de gestión que han llevado a una situación de descontrol en prestaciones como la renta social garantizada y la renta de emancipación. A este respecto, comentó que el departamento está trabajando para implementar cambios, incluyendo un aumento del tiempo mínimo de residencia requerido para acceder a estas ayudas, que podría elevarse a tres años.

Fernández también se refirió a un reciente acuerdo entre el PP y Vox que contempla esta modificación y destacó que se buscará regresar a la redacción original de la ley, que fue aprobada en un clima de consenso. "Estamos reevaluando nuestros procedimientos para ser más eficaces y evitar que se intensifique este efecto llamada", añadió, reconociendo la presión que esto genera sobre los servicios sociales, especialmente en los municipios y consells insulares.

Por otro lado, no dejó pasar la oportunidad de criticar al Gobierno de España por su negativa a declarar la contingencia migratoria en Baleares. "Es vital que esta situación se revierta, no para trasladar menores, sino para controlar la llegada de nuevos migrantes", sostuvo Fernández, quien considera que la creación de espacios temporales para atender a migrantes, como las carpas en la estación marítima, no es la solución adecuada. "El Govern no quiere que los menores se alojen en condiciones precarias, como en tiendas de campaña", concluyó.