PALMA, 30 de octubre. En un escenario alarmante para el mercado inmobiliario, el coste de la vivienda en Baleares ha alcanzado niveles insostenibles. Según un reciente informe de Idealista, una familia típica de la región necesita destinar la asombrosa cifra del 50% de sus ingresos netos para poder alquilar una vivienda durante el tercer trimestre de 2025, una situación que coloca a las islas muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 36%.

El archipiélago se posiciona así como la segunda comunidad autónoma con mayor carga financiera en términos de alquiler, solo superada por Málaga, donde este porcentaje asciende al 52%. Tras Baleares, se encuentran ciudades como Barcelona (44%), Valencia (39%), y Santa Cruz de Tenerife (39%), que también están en la línea roja en cuanto a la asequibilidad de la vivienda.

Además de las dificultades para alquilar, el estudio indica que los residentes en Baleares deben destinar el 47% de sus ingresos netos para poder adquirir una vivienda, un dato que también supera con creces la media nacional del 25%. Esta cifra deja en claro que la adquisición de propiedades en las islas es cada vez más un lujo accesible solo para unos pocos.

Las Islas Baleares encabezan la lista de las comunidades autónomas donde una familia promedio necesita más ingresos para acceder a la compra de una vivienda, superando a Málaga con un 45% y a otras regiones como Santa Cruz de Tenerife (35%) y Alicante (30%). Este panorama se agrava en Palma, que lamentablemente se convierte en la localidad más exigente en cuanto al esfuerzo tanto para alquilar (46%) como para comprar (45%) un inmueble.

Respecto al alquiler, les siguen ciudades como Barcelona (45%) y Málaga (41%), mientras que en el ámbito de la compra destacan también Málaga (38%) y Madrid (33%).

Idealista señala que esta presión sobre el presupuesto familiar se debe principalmente a la escasez de oferta de vivienda, un fenómeno que ha acentuado el incremento de los precios. La situación se hace aún más crítica al recordar que los expertos advierten que la tasa recomendada para destinar a la vivienda, ya sea en alquiler o en compra, no debería sobrepasar el 30%, lo que pone de manifiesto la urgencia de una intervención efectiva en el mercado para abordar esta crisis de accesibilidad.