En el juicio por el caso Exámenes, varios expertos informáticos han descartado este martes que la vulnerabilidad detectada en los sistemas de la Policía Local permitiera suplantar un correo electrónico externo, de Gmail, en un envío a otro correo también de Gmail.

Esta conclusión aleja la tesis de las defensas respecto a la prueba clave del juicio: el correo con preguntas filtradas enviado desde una dirección personal del entonces director general de Seguridad Ciudadana a otra dirección, también personal, de un policía interino. El agente, que asegura que Calvo le pasó las preguntas para que se las reenviara a dos aspirantes, llevó el correo ante un notario.

En la sesión de este martes ha comparecido como testigo-perito el agente del departamento de informática que detectó el error. El experto ha aclarado que fue un hallazgo casual, desvinculándolo de la polémica por la filtración de las preguntas de la oposición de ascenso a oficial.

El agente ha explicado que su informe se ciñe al correo corporativo, y que las pruebas constataron que era fácil suplantar cualquier dirección dentro del servidor, pero eso no incluye un envío entre servidores externos. "Lo probé y no era posible", ha aclarado.

En la misma línea se han expresado ingenieros del Instituto Municipal de Innovación (IMI), que consideran que Gmail no permitiría un envío de esas características -añadiendo además, otros datos del remitente como una fotografía de perfil del usuario o la posibilidad de añadir el contacto a los círculos del receptor-.

En opinión de uno de los técnicos, Gmail "habría detectado que ese origen no era de Gmail" y "lo más probable es que hubiera marcado esa conversación" como 'spam', eso si no lo rechazara "directamente".

En el banquillo se sientan el exdirector general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo; el intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antonio Vera; el comisario jefe de la Comisaría Operativa y de Seguridad, Rafael Estarellas, y otros tres funcionarios de la Policía Local, dos de ellos como supuestos receptores de la filtración de preguntas del examen (Tomás Mas y Santiago Adrover).

Se investiga si los mandos policiales se concertaron para favorecer a estos dos aspirantes adelantándoles siete de las preguntas de una de las pruebas, que elaboraron los dos mandos policiales como miembros del Tribunal.

Las siete preguntas se enviaron desde el correo del entonces director general a un policía interino, Daniel Montesinos, supuestamente para que éste las remitiera a dos aspirantes. Sin embargo, Montesinos llevó el correo electrónico a un notario y la escritura acabó en manos de la Guardia Civil.

Además, la Fiscalía cree que Vera transmitió la totalidad de las preguntas a un pariente lejano que también se presentaba al concurso. Paralelamente, también se investiga a un agente que archivó una serie de denuncias contra el policía que tenía el acta notarial. El fiscal cree que lo hizo en connivencia con Vera porque el agente denunciado había divulgado la existencia de la escritura pública incriminatoria.

La Fiscalía pide condenas de un año y medio de cárcel e inhabilitación de hasta 12 años para el ejercicio de cargos públicos, por delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.