Marc Pons, quien se desempeñó como jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha declarado en la Audiencia Nacional que sostuvo entre cuatro y cinco reuniones con Koldo García, un exasesor del ministerio. Sin embargo, Pons enfatizó que dichas reuniones no estaban relacionadas con las acusaciones de una supuesta trama de hidrocarburos.

Fuentes jurídicas revelaron a Europa Press que durante su testimonio, Pons mencionó una reunión conjunta que involucraba a Ribera, García y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, aunque los detalles de sus discusiones no se centraron en la polémica licencia de operador de Villafuel, el punto crítico de las investigaciones actuales.

El exjefe de gabinete también mencionó un encuentro con Koldo después de que este último le solicitara "15 segundos" para entregarle información que había mencionado anteriormente. No obstante, Pons dejó claro que este intercambio tampoco estuvo relacionado con el procedimiento de concesión de la licencia que está en el centro de la controversia.

Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye una conversación donde Koldo solicitaba una reunión a Pons. En un mensaje fechado el 8 de julio de 2021, Koldo se ofreció a compartir "los papeles de la solicitud" de Villafuel, tras previamente enviarle una imagen que documentaba el registro del procedimiento.

Pons, al ser interrogado, aseguró que cree recordar que la fotografía fue enviada después de su reunión con Koldo, insistiendo en que no tuvo papel alguno en el proceso de la licencia de hidrocarburos y que nunca recibió nada a cambio.

Por otro lado, Claudio Rivas, uno de los empresarios bajo investigación y asociado al también investigado Víctor de Aldama, decidió no declarar hasta que testifiquen otros implicados en la trama.

Hoy también estaba programada la declaración de Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto; sin embargo, sufrió problemas logísticos que le impidieron comparecer, por lo que su testimonio será reprogramado para otra fecha.

Además, se espera que mañana el juez interrogue a Aldama en calidad de investigado, seguido de la empresaria Carmen Pano y su hija, Leonor González, quienes están en el ojo de la tormenta debido a supuestas implicaciones financieras, incluyendo la entrega de 90.000 euros en la sede del PSOE.

Este jueves, el magistrado también escuchará a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, así como a Manuel Salles, administrador de una empresa relacionada, y el viernes será el turno de Álvaro Gallego, quien podría estar vinculado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los informes.

La UCO ha indicado que la red de hidrocarburos había logrado infiltrarse no solo en el Ministerio de Transporte bajo la dirección de Ábalos, sino también en las carteras de Industria, Comercio y Turismo, así como en Transición Ecológica. Este entramado funcionaba a través de Aldama, cuya cercanía a varios funcionarios le habría permitido influir en las decisiones administrativas cruciales para Villafuel, a pesar de no cumplir con los requisitos legales necesarios.

Los agentes recalcaron que Aldama y Rivas tenían bajo su control las operaciones de esta trama, la cual aparentemente habría gastado hasta un millón de euros para obtener favores de figuras clave, incluidos Ábalos y su exasesor. El informe de la UCO describió a esta red como una organización criminal dedicada a cometer delitos fiscales en el sector de los hidrocarburos, utilizando una estructura societaria compleja que incluía a Villafuel y otras empresas del ramo.

Igualmente, la UCO añadió que la organización también había establecido mecanismos para el blanqueo de capitales obtenidos a través de actividades ilícitas, evidenciando un nivel de sofisticación alarmante en su operación que data de 2020, cuando empezaron a buscar conexiones dentro del Ministerio de Transporte para facilitar la obtención de la licencia de operadora para Villafuel.