En Palma, el 21 de noviembre, se ha concretado una significativa decisión judicial que refuerza la lucha por el acceso a la vivienda en Baleares. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha rechazado un recurso interpuesto en 2021 por una empresa inmobiliaria que se oponía a la expropiación de cuatro propiedades en Ibiza, las cuales han sido asignadas para uso social.

La resolución de la sala correspondiente resalta el respaldo al Govern de Francina Armengol, el cual tomó la medida de ceder de manera obligatoria estos inmuebles bajo un marco legal proporcionado por la legislación de vivienda de 2018, que permite dicha acción para aquellas propiedades que llevan más de dos años desocupadas.

La argumentación del TSJIB se fundamenta en la constatación de que la Administración ha actuado con la intención de mitigar la crisis de vivienda, aunque, lamentablemente, los resultados no han sido los esperados. En este contexto, el Tribunal subraya la necesidad de explorar e implementar alternativas adicionales dado el persistente déficit en el acceso a viviendas adecuadas, tal como se menciona en la sentencia que fue anticipada por el 'Diario de Mallorca'.

Particularmente inquietante es el análisis de la cantidad de solicitudes de vivienda que presenta el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), que constantemente se queda corto en su capacidad de respuesta. Esto es especialmente crítico en el municipio de Santa Eulària, donde se encuentran ubicados los inmuebles expropiados, subrayando así la necesidad urgente de acción en esta área.

El Tribunal no vacila en señalar que la problemática del acceso a la vivienda no es una simple suposición, sino una realidad corroborada por datos objetivos abundantes. De acuerdo con el texto de la sentencia, esta situación ha ido de mal en peor, y se encuentra lejos de una posible solución. "El acceso a una vivienda digna y asequible se presenta como uno de los mayores retos que enfrenta un amplio sector de la población de Baleares", se enfatiza, añadiendo que los datos son alarmantes y muestran un claro deterioro de las condiciones habitacionales.

El TSJIB concluye que la existencia de una crisis habitacional real justifica plenamente la adopción de medidas extraordinarias como las que recoge la Ley 5/2018, afirmando así la validez de la decisión adoptada en beneficio de la sociedad balear. Esta determinación se erige como un paso significativo en la búsqueda de soluciones frente a un problema que continúa creciendo en urgencia y magnitud.