El TSJIB alerta sobre retraso en adquisición de terrenos para la nueva Ciudad de Justicia prevista para 2022
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha presentado su memoria anual, alertando sobre las carencias de personal y la vacante en la presidencia de la Audiencia debido al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.
En la memoria se destaca la falta de adquisición de terrenos para la construcción de una ciudad de Justicia en Palma, un proyecto anunciado a finales de 2022 por el Gobierno, que aún no ha avanzado.
A pesar de los anuncios iniciales, no se ha llevado a cabo el concurso de ideas previsto para la segunda mitad de 2023, según se desprende del documento presentado por el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, al Parlament.
El TSJIB hace hincapié en las carencias de espacios y personal en el sistema judicial de Baleares, con la necesidad urgente de un nuevo edificio para la Audiencia, una demanda que se repite en las memorias anuales del órgano judicial.
El proyecto de la nueva ciudad de Justicia, que albergaría también los Juzgados de lo Penal, se ubicaría en terrenos en Son Pardo, aunque según el TSJIB, los terrenos siguen siendo propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.
La falta de personal y la problemática de las bajas laborales se suman a las dificultades del sistema judicial en Baleares, con renuncias entre magistrados y escasez de funcionarios estables en la región insular.
El TSJIB insiste en la importancia de estabilizar las plantillas y ajustar el plus de insularidad para equipararlo con el de Canarias, además de abogar por la agilización de la presidencia de la Audiencia Provincial, vacante desde octubre de 2022.
La memoria también aborda la sobrecarga de trabajo en los juzgados de lo contencioso administrativo y civil en Palma, con una elevada carga de asuntos y falta de recursos para atender adecuadamente la demanda.
La juez decana de Palma, Sonia Vidal, destaca la necesidad de más juzgados y personal para hacer frente a la actividad judicial, así como la problemática de las huelgas de funcionarios, que han afectado la suspensión de juicios y acumulación de retrasos.
En cuanto al servicio de traducción e interpretación, se señala un problema grave debido a retrasos en la comparecencia de intérpretes, especialmente en la temporada estival en una comunidad turística como Baleares.