El PSIB denuncia problemas y falta de claridad en el inicio del curso escolar por parte del Govern.
En una crítica contundente, el PSIB ha denunciado que el inicio del curso escolar 2024-2025 está marcado por la incertidumbre y las tensiones en los centros educativos en el primer año planificado completamente bajo el Gobierno del PP. La portavoz de Educación de este partido, Amanda Fernández, ha expresado su preocupación en una rueda de prensa, señalando el inicio del plan piloto en los 11 centros educativos concertados que se han sumado.
Uno de los principales problemas que preocupa a los socialistas es la "segregación lingüística". Han instado a la presidenta Marga Prohens a retirar el plan, especialmente ahora que Vox ha roto el pacto con el PP. De acuerdo con Fernández, el PP parece apoyar completamente el proyecto, a pesar de las objeciones planteadas por otros sectores.
La falta de claridad sobre cómo se utilizarán los 20 millones de euros asignados al plan escolar es otra preocupación mencionada por la diputada. Según Fernández, muchas familias han optado por el castellano como lengua de enseñanza y se oponen al proyecto lingüístico propuesto en sus centros. Esta incertidumbre se agrava por la falta de comunicación por parte de la Conselleria, a tan solo dos días del inicio del curso.
Además, Fernández ha denunciado que el Gobierno está "desmantelando" servicios como el Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar al reducir el personal en Menorca y las Pitiusas. También ha alertado sobre la situación de los centros de formación del profesorado, donde solo se han anunciado convocatorias para directores en algunas regiones, mientras que en otras se han designado los puestos sin seguir un proceso transparente.
En otro frente, la portavoz socialista ha acusado al Gobierno de favorecer la enseñanza concertada en detrimento de la pública, así como de perder fondos europeos destinados a crear más plazas públicas para niños de 0 a 3 años. Se ha criticado la concertación de nuevos Bachilleratos en Formentera, el nuevo decreto de escolarización que prioriza la antigüedad del alumno y otras medidas que marginalizan la educación pública en favor de intereses privados.