PALMA, 4 de noviembre.

En una reciente sesión del Parlament, la propuesta de ley presentada por el Fòrum de la Societat Civil, apoyada por los partidos de izquierda, no logró avanzar al ser rechazada por el PP y Vox, quienes votaron en contra de su consideración. Este hecho impide que la iniciativa continúe su proceso legislativo.

La ley en cuestión tenía la ambición de definir y regular las distintas organizaciones de la sociedad civil, además de establecer un registro oficial que facilitaría el acceso a recursos y reconocimiento público de estas entidades. También se planteaba la creación de un Consejo de la Sociedad Civil de Baleares, que serviría como un espacio de participación y asesoramiento en la formulación de políticas públicas, junto con un refuerzo del Observatorio de las Transiciones para evaluar el impacto social, ambiental y económico de estas organizaciones.

La diputada socialista Mercedes Garrido subrayó la importancia de la proposición, argumentando que su aprobación garantizaría la participación activa de los ciudadanos en asuntos que les conciernen a través de la organización civil. Para ella, fortalecer la sociedad civil es un paso fundamental hacia el mejoramiento de la calidad democrática. En este sentido, retó al PP a posicionarse entre la democracia y Vox.

Garrido se mostró cuestionadora respecto a las razones del PP para oponerse, sugiriendo que la proposición simplemente completaría la ley del tercer sector, extendiendo su influencia más allá de las entidades sociales. En su discurso, resaltó la sinergia lograda entre la administración y la sociedad civil, afirmando que había una deuda con estas organizaciones.

Por su parte, Lluís Apesteguia, portavoz de MÉS per Mallorca, defendió la ley al basarse en el reconocimiento que el Estatut d'Autonomia concede a las organizaciones civiles, destacando que esto trasciende las ideologías individuales. Apuntó que la falta de apoyo por parte de la derecha podría reflejar una renuencia al control y la participación social.

Advirtió que si la propuesta no pasaba este primer examen, evidenciaría una falta de voluntad de la derecha para permitir el desarrollo de la sociedad civil. Con optimismo, Apesteguia declaró que, aunque no fuese aprobada ahora, eventualmente encontrará su camino hacia un futuro legislativo.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, enfatizó la existencia de un vacío regulatorio que afecta a estas organizaciones y subrayó su relevancia como indicadores de calidad democrática. Expresó su preocupación por el impacto negativo que podría tener la falta de un marco adecuado en las relaciones de estas entidades con la administración.

Desde Unidas Podemos, el diputado José María García defendió el texto como un medio para fomentar una sociedad fuerte y resiliente, clamando por un marco legal que se ajustara a las necesidades de las organizaciones y potenciara su capacidad de transformación.

En contraposición, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, descalificó la intentona legislativa, al considerar que se ocultaba bajo el lema de "sociedad civil" una intención de transformar el asociacionismo en un instrumento de dominio ideológico. Argumentó que la auténtica sociedad civil no requería la autorización de partidos o gobiernos para existir y sostenía que la propuesta de la izquierda buscaba servir de filtro para el acceso a recursos.

Finalmente, la diputada del PP, Cristina Gil, manifestó su preocupación por el estado crítico de la calidad democrática, acusando al Gobierno de España de socavar la confianza de los ciudadanos. Insistió en que la verdadera libertad de la sociedad civil no se logra mediante regulaciones, sino permitiendo su autonomía y escuchando sus voces.

Durante el debate, los aplausos irónicos de la izquierda interrumpieron a Gil, lo que llevó a la intervención del vicepresidente del Parlament, Mauricio Rovira, quien, de manera sarcástica, pidió moderar el entusiasmo para restablecer el orden en la discusión.