El Parlament exige al próximo Gobierno central garantizar una insularidad justa en Baleares.
El Parlament de Baleares ha aprobado una Proposición No de Ley del PP en la que se insta al futuro Gobierno de España a garantizar una insularidad digna en la comunidad. La iniciativa, respaldada por 57 votos a favor, pide al próximo Gobierno central que incluya en los Presupuestos Generales del Estado una compensación que sea "real, justa y efectiva". Además, se solicita la realización de un estudio económico sobre los costes reales que enfrentan los empleados del sector público que trabajan en Baleares, con el objetivo de actualizar la indemnización por residencia y lograr una mayor equidad en los atractivos de destino.
Cristina Gil, diputada del PP, ha sido la encargada de defender la Proposición No de Ley, argumentando que Baleares se ha convertido en un "destino de castigo" para los empleados públicos, ya que el alto costo de vida y la falta de compensación por insularidad hacen que su poder adquisitivo se vea afectado. La propuesta busca evitar esta pérdida de poder adquisitivo y promover que Baleares sea un destino atractivo para estos trabajadores.
Sílvia Cano, diputada del Partido Socialista, ha presentado tres enmiendas en las que se solicita al Estado descentralizar los procesos selectivos de oposición y la oferta pública de empleo, establecer un complemento de fidelización para puestos de trabajo difíciles de cubrir y catalogar como plazas docentes de difícil ejercicio las plazas en centros educativos con poca estabilidad en Menorca, Ibiza y Formentera.
Maria Ramon, diputada de MÉS per Mallorca, ha destacado la importancia de contar con trabajadores reconocidos y con condiciones laborales óptimas para brindar un servicio de calidad y eficiente. Sin embargo, ha lamentado que el aspecto insular siempre haya sido un agravio y ha pedido que se revisen los complementos por insularidad, ya que no se han actualizado desde 2006.
Idoia Ribas, portavoz parlamentaria de Vox, ha alertado sobre el éxodo de funcionarios públicos dependientes de la Administración del Estado en Baleares y ha mencionado el alto costo de vida y las políticas intervencionistas y desastrosas de la última década como los principales motivos. También ha criticado los pluses de insularidad decretados por el Gobierno central y ha mencionado el obstáculo lingüístico en las Islas.
Por su parte, Lorenzo Córdoba, diputado de Sa Unió, ha destacado la falta de funcionarios en las Islas y ha mencionado la falta de vivienda asequible y el alto costo de la cesta de la compra como factores que dificultan mantener la calidad del servicio en comparación con otras comunidades autónomas.