La reciente aprobación de la Ley de gestión y modernización de áreas de promoción industrial en el Parlament de Baleares ha generado un clima de polémica, reflejando las tensiones políticas en la región. Este miércoles, la norma avanzó con el respaldo de fuerzas de derecha como el PP y Vox, junto con los diputados no adscritos, mientras que la izquierda optó por abstenerse en la votación.

La ley, promovida por el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, tiene como uno de sus principales objetivos fomentar el asociacionismo empresarial en las islas. Sáenz enfatizó que de los 53 polígonos industriales existentes en Baleares, son pocos los que cuentan con asociaciones que promuevan la coordinación y colaboración entre empresas, un aspecto que considera esencial para mejorar la competitividad del sector.

Desde la perspectiva del conseller, la norma representa un avance, caracterizándola como "flexible" y orientada a brindar herramientas, en lugar de imponer restricciones. "Cada polígono podrá encontrar el modelo de gestión que mejor se ajuste a sus particularidades," agregó, resaltando así la necesidad de una mayor adaptabilidad en la gestión industrial.

Entre las disposiciones incluidas en la ley se encuentra el establecimiento de un Plan Autonómico para la Competitividad y la promoción de la colaboración entre el sector público y privado. Sin embargo, un punto destacado es la inclusión de una enmienda propuesta por MÉS que modifica la ley de proyectos industriales estratégicos. Esta enmienda busca asegurar que las regulaciones para los proyectos de energías renovables se apliquen exclusivamente a aquellos que apoyen la industrialización o modernización de actividades industriales específicas.

Los representantes de MÉS celebraron esta modificación, afirmando que permitirá prevenir la instalación descontrolada de parques solares en terrenos rústicos, lo que, según ellos, había convertido a la ley en "un colador" para esos proyectos.

Por su parte, la diputada de Vox, Manuela Cañadas, se pronunció a favor de eliminar lo que ella denomina "dogmas climáticos" de la legislación, presentando una enmienda destinada a restar peso a las normativas ambientales que fue, sin embargo, desestimada. Cañadas argumentó que la verdadera problemática reside en la "ideologización" de las políticas climáticas y urbanísticas, instando al PP a limpiar las influencias de la izquierda en la legislación.

Jordi López, del PP, destacó la cantidad de enmiendas incorporadas en el transcurso de la tramitación de la ley, reafirmando la idea de que el diálogo y la colaboración entre los grupos parlamentarios pueden dar lugar a resultados significativos en favor del futuro industrial de las Baleares.

Sin embargo, la oposición ha criticado duramente la nueva normativa, advirtiendo que contiene "incongruencias" y carece de la valentía necesaria para abordar los desafíos actuales. Los grupos de izquierda, incluyendo MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y PSIB, señalaron que la ley fue "mal elaborada" y "deficiente" en su formulación. "Parece que no se ha realizado un seguimiento adecuado en el desarrollo de esta legislación", indicó el diputado de MÉS, Josep Castells.

Otros diputados, como Ferran Rosa (MÉS) y Marco Guerrero (PSIB), mencionaron que el texto legislativo presenta contradicciones, haciendo referencia a un modelo de colaboración que había sido eliminado a través de una enmienda de Vox. Además, la eliminación de una Comisión para la Competitividad de las Áreas de Promoción Industrial también fue recibida con críticas, lo que pone en evidencia la falta de claridad en los conceptos introducidos en la ley.