El Parlament aprueba el decreto de emergencia habitacional y lo convertirá en ley.

El Parlament aprueba el decreto de emergencia habitacional y lo convertirá en ley.

El Parlament ha convalidado este martes el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por el Consell de Govern el pasado 2 de octubre, con los votos a favor de PP y Vox, y ha dado luz verde a que se tramite como proyecto de ley, esto último con 56 votos a favor.

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha sido la encargada de defender la iniciativa, empezando su discurso pidiendo el apoyo de todos los grupos de la cámara e insistiendo en su voluntad de que, "en un tema tan importante como la vivienda", los partidos sean capaces "de ir de la mano".

"Si pensamos en qué puede pasar con la aplicación del decreto, la respuesta es generar más vivienda. Más, mucha, muchísimas o pocas, pero seguro que alguna", ha reiterado la consellera.

En este punto, ha valorado que el único objetivo del paquete de medidas "es crear vivienda al alcance de la ciudadanía", un hecho que "la administración no puede asumir sola", por lo que "el sector privado tiene que implicarse".

Tras ello, ha repasado las distintas medidas que implica el decreto habitacional, entre ellas el cambio de uso de locales existentes; la división de viviendas; el crecimiento en altura; la creación de vivienda en terrenos de equipamientos públicos y privados, o la reconversión de establecimientos turísticos obsoletos.

Del mismo modo, Vidal ha puntualizado que la iniciativa crea la figura de vivienda a precio limitado mientras se impulsa la creación de vivienda pública, y que las actuaciones que faculta tienen carácter temporal, estableciéndose un plazo de solicitudes de licencias de hasta dos años desde la entrada en vigor del decreto y, para la ejecución de las actuaciones, un plazo de tres años desde su inicio --sin perjuicio de las prórrogas que se puedan otorgar--.

La consellera ha mencionado además que el decreto habitacional amplía el régimen especial ya vigente para la creación de viviendas protegidas en edificaciones inacabadas con licencia caducada o en estado de ruina; desvincula la situación urbanística de una edificación existente de sus condiciones de habitabilidad, y prevé la cesión de terrenos de titularidad pública a la iniciativa privada para la promoción de vivienda protegida de alquiler y alojamientos dotacionales.

Vidal también ha insistido en el papel que juegan los ayuntamientos en la aplicación del decreto. En concreto, ha asegurado que tienen tiempo para analizar la manera de aplicar estas medidas "desde su voluntad política legítima", y ha destacado que "ningún decreto ha dejado margen a los consistorios para tomar su propia decisión".

Por tanto, el decreto se ha hecho "desde un absoluto respeto a la autonomía local", ha resaltado la consellera, quien ha rememorado, a su vez, que la iniciativa incluye una modificación de la ley turística balear para reforzar la lucha contra la oferta ilegal, actividad clandestina y el intrusismo.

Igualmente, la consellera se ha detenido en las medidas para la creación de nueva vivienda, a fin de ofrecer una explicación más detallada de la nueva figura de vivienda a precio limitado y de los precios que realmente se regulan con el decreto.

Así, ha indicado que entre los requisitos para acceder a este tipo de vivienda se establece que no puede acceder una persona propietaria al 100% de otro inmueble y el beneficiario debe ser una persona con residencia permanente en las Islas, persona física y mayor de edad. Además, también se determina que esta nueva vivienda deberá constituir su vivienda habitual y permanente.

Para garantizar su control, se incorpora un régimen sancionador que complementa el régimen ya previsto e incluye nuevos supuestos de infracciones para dar respuesta a los incumplimientos relativos a las viviendas de precio limitado. Y en cuanto a los precios, ha recordado la consellera, el decreto establece dos tipos de viviendas de precio limitado, dependiendo de si son edificaciones existentes o de obra nueva.

"Creo que hablamos de medidas razonables que pueden generar consenso entre los grupos. Por eso pido a todos su apoyo, desde la responsabilidad, para convalidar el decreto y su tramitación como proyecto de ley", ha finalizado la consellera.

La portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, ha celebrado que el "cambio de Govern haya servido para dejar atrás el lamentable espectáculo del Govern de Armengol", y ha aplaudido que éste sí es un decreto "que obedece a una necesidad urgente, como es hacer frente al acceso a una vivienda digna".

"Es una norma que quiere dar respuesta a una preocupación de los ciudadanos de Baleares", ha insistido la portavoz, quien también ha criticado la "dejadez de las administraciones públicas" de los últimos años en esta materia, motivo por el cual Vox y PP incluyeron en el pacto de investidura varias medidas para solucionar esta situación, según ha dicho.

Con todo, ha visto "insuficiente" las medidas que incluye el decreto y ha pedido, entre otras cuestiones, que se revise toda la legislación, más incentivos para los promotores privados o que se defina de forma más clara el crecimiento en alturas, a la vez que ha visto el plazo de dos años "del todo insuficiente".

La siguiente en intervenir ha sido la diputada del PP Margalida Pocoví, quien ha puesto en valor las medidas que contiene el decreto y las fórmulas que emplea.

"Todos los españoles tienen el derecho de disfrutar de una vivienda libre y adecuada", ha enfatizado la diputada, quien ha pedido al resto de grupos "actuar con responsabilidad y sumar esfuerzos para enfrentar el problema de vivienda en la Comunidad".

Del lado del PSIB-PSOE ha intervenido la diputada socialista Mercedes Garrido, quien ha lamentado que el modelo de este decreto es uno "individualista que busca la ganancia económica por encima de todo" y ha censurado su "profundo coste social".

En este punto, ha recordado al Govern que la vivienda "no es un bien inmueble ni de mercado, sino un hogar", y ha cuestionado que las medidas del decreto permitan limitar el precio de la vivienda o que se deje libertad de aplicación a los ayuntamientos.

Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha justificado el voto en contra de su formación por estar en "desacuerdo" con "la finalidad y forma en la que se ha tramitado, su contenido e impacto".

"Las viviendas que instaura este decreto, además de insuficientes, creo seriamente que crea nuevos problemas", ha alertado el diputado, quien también ha criticado el "regalo que se hace al sector hotelero" con esta iniciativa.

También el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Josep Castells, ha dicho no compartir "ni el modelo ni la filosofía" del decreto por "vulnerar la autonomía municipal", la "amnistía" de la cédula de habitabilidad o la "huida hacia adelante" que implica el cambio de uso, según ha dicho.

Igualmente, la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez ha avanzado que votará en contra porque su formación "está muy fuera de este modelo que se ofrece" y ha interpretado que lo que intenta el Govern con el precio limitado "es una intervención clarísima del mercado".

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Islas Baleares