PALMA, 19 de febrero. En un giro preocupante de los acontecimientos, el Obispado de Mallorca ha decidido llevar a cabo acciones judiciales para desahuciar a una madre y su hijo menor que habitan en un restaurante desocupado perteneciente a la Iglesia, ubicado en las cercanías del santuario de Génova, en Palma.

Según un comunicado emitido por la institución religiosa, la familia involucrada ha rechazado en numerosas ocasiones las propuestas de reubicación y asistencia que le han ofrecido tanto las autoridades competentes como los servicios sociales de la diócesis.

La negativa de la madre a aceptar cualquier forma de reubicación se ha interpretado por el Obispado como una amenaza para el bienestar y la seguridad del menor que allí reside, junto con la preocupación de que otros hijos puedan estar visitando el lugar de forma ocasional, según fuentes cercanas al caso.

En este contexto, el Obispado ha declarado que se ha visto en la necesidad de recurrir a la justicia para poner fin a una situación que, según ellos, no solo carece de seguridad, sino que también contraviene las leyes de protección infantil y la obligación de cuidar a los más vulnerables.

Además, el Obispado subraya que esta decisión no implica un abandono de su compromiso de ayudar, asegurando que seguirán buscando formas para que la familia encuentre soluciones adecuadas y duraderas.

El local en cuestión es un antiguo restaurante que ha permanecido cerrado durante años, y forma parte de un conjunto religioso que incluye un santuario, una capilla y la venerada figura de la 'Mare de Déu', lo que le otorga un significado espiritual especial para la comunidad local.

La Iglesia, junto con servicios municipales, ha estado trabajando en la preservación de este importante espacio, buscando alternativas que permitan rehabilitar el uso del restaurante en consonancia con su valor religioso y cultural.

Desde que se detectó la ocupación del local, se ha mantenido un diálogo constante con la familia, realizando un seguimiento de su situación aunque el lugar estaba adecuadamente cerrado y delimitado al acceso.

El Obispado también ha señalado que el inmueble no cumple con los estándares básicos para ser habitado, careciendo de instalaciones sanitarias y de las mínimas condiciones estructurales necesarias para garantizar la salud y seguridad de quienes ahí se encuentran.

Además, la cercanía de infraestructuras técnicas, como líneas eléctricas de alta tensión, presenta un riesgo considerable para la integridad física de los ocupantes, especialmente los menores.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, ha expresado su indignación ante la decisión del Obispado de acudir a los tribunales para forzar el desalojo. “Es inaceptable que una entidad religiosa actúe así ante una familia. La enseñanza de amor y apoyo es fundamental, especialmente en tiempos difíciles”, afirmó.

Pons añadió que resulta contradictorio que el obispo Sebastià Taltavull haya insistido en la necesidad de mayor cuidado hacia las personas sin hogar, mientras que al mismo tiempo toma medidas para desalojar a quienes se encuentran en una situación precaria. "¿Cómo puede haber esta discrepancia entre su discurso y su acción?", se cuestionó.

Aunque Pons ha admitido que aún no han tenido contacto directo con la familia que reside en el restaurante, no descarta la posibilidad de ofrecer su apoyo en el futuro a la unidad familiar en crisis.