La Audiencia Provincial de Baleares tiene programado juzgar el caso Calanova a partir del 25 de noviembre, en el que se sentará en el banquillo el exconseller de Turismo Carlos Delgado, junto con otros procesados.

Según fuentes cercanas al caso, se ha convocado a las partes a una vista previa antes de esa fecha, aunque parece poco probable que se llegue a un acuerdo que evite el juicio.

Por lo tanto, ya se han programado sesiones para celebrar el juicio entre el 25 de noviembre y el 17 de diciembre.

En 2022, la Audiencia confirmó la apertura de juicio oral después de rechazar un recurso presentado por Delgado y otros investigados. El tribunal consideró que las pruebas recopiladas por la investigación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma son suficientemente sólidas y que se debe llevar a cabo el juicio.

La Fiscalía solicita una condena de inhabilitación y un año y nueve meses de prisión para el exconseller, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. También pide el pago de una multa de 1,1 millones de euros.

Por su parte, el Govern balear, actuando como acusación particular a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, reclama diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y dos años de cárcel, además del pago de una multa.

El caso investiga posibles irregularidades en la adjudicación del puerto deportivo de Calanova a la empresa Port Olímpic. La Fiscalía acusa al exconseller de haber manipulado el concurso para beneficiar a su socio.

Esta adjudicación tuvo lugar en septiembre de 2013, cuando Carlos Delgado, del Partido Popular, era conseller de Turismo y presidente de Ports de les Illes Balears en el Gobierno de José Ramón Bauzá.

Un empresario presentó una querella contra el exconseller y otras empresas concursantes denunciaron irregularidades, como que la mesa había admitido un nuevo estudio del ganador cuando ya no era posible presentar más documentación. Además, sostuvieron que la baja de precios realizada por Port Olímpic era "temeraria", pero Ports IB rechazó estos recursos.

En el caso también se investiga a otras cinco personas: el exsecretario general de la Conselleria, un abogado, el socio del despacho del exconseller y dos empresarios.