24h Baleares.

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El juicio contra un exinspector de policía de Capdepera acusado de coacciones se pospone hasta enero de 2025 debido a la pérdida del expediente.

El juicio contra un exinspector de policía de Capdepera acusado de coacciones se pospone hasta enero de 2025 debido a la pérdida del expediente.

PALMA, 28 Sep. - El juicio por coacciones contra un exinspector de Policía Local de Capdepera (Mallorca), previsto para este jueves, tendrá que celebrarse finalmente en enero de 2025 después de que la causa se haya extraviado y sea preciso reconstruirla.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares tenía previsto celebrar este jueves el juicio contra el expolicía, que se enfrenta a dos años y tres meses de prisión por coaccionar a un compañero.

Sin embargo "y aunque parezca mentira en el año 2023", como ha reconocido el abogado de una de las partes, la causa se ha extraviado y hay que reconstruirla. El juicio se ha suspendido y se ha señalado para el 24 y el 25 de enero del año 2025.

Según el escrito del fiscal, los hechos se remontan al mes de noviembre del año 2006 cuando la víctima solicitó su traslado al Ayuntamiento de Manacor, interesando a tal efecto la tramitación del correspondiente expediente de comisión de servicios, siendo suspendido sin explicación alguna.

En esa misma fecha, según Fiscalía, al reincorporarse a su puesto en el Ayuntamiento de Capdepera, el subinspector encontró su despacho ocupado por otra unidad, sin que se le dieran medios materiales para desempeñar su profesión y sin que se le asignara función alguna por parte del acusado.

En el mes de enero de 2007, la víctima se reincorporó a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Capdepera, recibiendo una inmotivada orden de la Alcaldía, firmada por el acusado, mediante la que se le asignaba un puesto de trabajo en Canyamel. En dicho puesto, la víctima hacía las funciones propias de policía, sin que se tuviera en cuenta su superior condición de subinspector y se le mantuvo aislado y sin contacto con el resto de funcionarios del cuerpo.

Fue en el mes de julio de 2007 cuando, según el Ministerio Fiscal, el subinspector regresó a su puesto de trabajo en la localidad de Capdepera, realizando el trabajo de agente raso, con unas condiciones laborales impuestas por el acusado, consistentes en nula asignación de trabajo ni función concreta, sin despacho ni llave de acceso al sistema informático ni taquilla en la central de Policía.

En agosto de 2007, se inició una investigación reservada por parte de la Conselleria de Interior, que culminó con un informe de fecha 11 de octubre de ese mismo año en el que se recomendaba la suspensión inmediata del acusado por la posible existencia de abuso de autoridad por su parte en el trato a la víctima. Esta recomendación fue obviada por el entonces alcalde del Ayuntamiento de Capdepera.

Tras dicho informe, según el escrito del fiscal, al subinspector le fue asignado un vehículo oficial, por parte del acusado, que llevaba instalado un sistema GPS, sin conocimiento por parte de la víctima, con la intención de realizar un seguimiento y ubicación en todo momento del citado vehículo y, por ende, de su compañero.

La información recabada del sistema GPS fue utilizada por el acusado para emitir un informe interno para acusar a la víctima de realizar determinadas faltas disciplinarias. Precisamente, a causa de este, se incoó un expediente disciplinario contra el subinspector por parte del Ayuntamiento de Capdepera, pese a que dicho organismo era consciente de que la actuación del acusado era posiblemente delictiva.

La propuesta de resolución del expediente disciplinario fue dictada el 22 de enero de 2010, concluyéndose que había existido una actuación premeditada para causar perjuicio a la víctima, habiendo sido objeto, según Fiscalía, de la incoación de un expediente disciplinario "injusto" a partir de un informe hecho "con mala fe".

En mayo de 2010, la víctima abandonó su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Capdepera y se incorporó a la policía local de Palma, finalizando así su relación laboral con el acusado.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima permaneció de baja laboral desde el 20 de noviembre de 2006 al 12 de enero de 2007; desde el 4 de mayo de 2009 al 29 de abril de 2010.