El 14 de enero en Palma, se ha dado a conocer que el jefe de Gabinete de la presidenta del Govern será investigado por presuntas irregularidades en el proceso de selección de un chófer, el cual habría favorecido a un familiar de este funcionario. La citación está programada para el 24 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear.

El alto funcionario del Ejecutivo, conocido por ser la mano derecha de la presidenta, deberá rendir cuentas ante la jueza por un delito leve de prevaricación administrativa. Originalmente, la acusación incluía también tráfico de influencias. La noticia fue adelantada por la Cadena Ser y confirmada posteriormente por fuentes judiciales a Europa Press.

Desde el Ejecutivo, se defiende que el nombramiento del chófer en cuestión se realizó acorde a la normativa de libre designación y el procedimiento establecido. Así lo había expresado el portavoz del Gobierno en una rueda de prensa en diciembre, tras tener noticia de la querella.

El Govern aseguró que ha entregado toda la documentación solicitada por la justicia para aclarar cualquier posible malentendido. El jefe de Gabinete se mostrará cooperativo durante su declaración, insistiendo en que el proceso seguido es el correcto.

Este caso surge a raíz de una querella interpuesta por un funcionario que acusa al jefe de Gabinete de haber diseñado un plan para modificar las bases de un proceso de selección para colocar a un familiar suyo en el puesto, a pesar de que este competía junto a más de 200 aspirantes.

El demandante, quien ha sufrido un cuadro ansioso-depresivo desde hace dos años como resultado de los acontecimientos, sostiene que el jefe de Gabinete y otros implicados tramitaron una maniobra "ilegal e injusta" para asegurar un trabajo a un familiar, mediante la manipulación de un proceso de selección público.

La querella detalla que el funcionario, que ha sido chófer para el Govern desde 2008, aprobó oposiciones en 1992 que le llevaron a trabajar en Ibiza y luego en Mallorca. Desde 2003 ha prestado servicios como conductor, acumulando experiencia en distintas áreas y, en 2013, fue trasladado al servicio directo de la presidencia, donde ha trabajado con varios presidentes regionales.

Los problemas comenzaron el otoño de 2023, cuando anunciaron la intención de cubrir un puesto vacante de chófer. El procedimiento se inició bajo la impresión de que se elegiría a alguien del cuerpo de conductores existentes. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el 31 de octubre se publicaron nuevas bases para la selección, en las que un primo del jefe de Gabinete sería uno de los aspirantes, a pesar de no haber obtenido el mejor lugar en las calificaciones iniciales.

El funcionario que ha presentado la querella argumenta que se alteraron las reglas para exigir la presentación de un currículum vitae, además de dejar a la secretaria general la decisión final sobre quién era el candidato más adecuado, lo que permite un proceso de libre designación que incumpliría el espíritu del concurso de méritos.

Según el denunciador, esta modificación fue debidamente orquestada para beneficiar a su familiar, al darse cuenta de que este no lideraba el proceso de selección. En su opinión, la aplicación de criterios que no correspondían al procedimiento legal es "criminal y antidemocrática".

La querella también apunta que el familiar finalmente seleccionado carecía de la experiencia y las cualificaciones necesarias, algo que quedó evidenciado cuando estuvo involucrado en un accidente que resultó en la pérdida total del vehículo. Subsecuentemente, tras este nombramiento, el demandante y otro conductor fueron desplazados de sus funciones en la Presidencia del Govern, lo que ha exacerbado su deterioro mental.