La Abogacía de Baleares ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante un tribunal de Las Palmas de Gran Canaria, en respuesta a la reciente resolución que acuerda el traslado de un menor extranjero no acompañado a las Islas Baleares.

Esta decisión fue comunicada por el portavoz del Gobierno autonómico, Antoni Costa, en la conferencia de prensa llevada a cabo tras la reunión del Consell de Govern de este viernes.

Este es el tercer caso en el que la Abogacía se opone a la reubicación de un menor no acompañado en Baleares. Según el portavoz, ninguno de los tres menores previstos ha sido trasladado hasta la fecha.

El recurso se centra en la resolución emitida el 4 de diciembre de 2025 por el delegado del Gobierno en Canarias, que establece el traslado y reubicación del menor en las Baleares.

La resolución en cuestión instruye a los servicios de protección de la Comunidad Autónoma para que asuman la tutela del menor, en cumplimiento del Real Decreto Ley 2/2025 y el Real Decreto 658/2025, los cuales abordan la gestión de situaciones de crisis migratoria extraordinaria.

Es importante mencionar que la Abogacía de Baleares ya ha impugnado ambos decretos con el respaldo del Consell de Govern.

Desde la Abogacía, critican que la resolución gubernamental "no justifica adecuadamente" la desestimación de las alegaciones presentadas por la Comunidad Autónoma durante el periodo de audiencia.

Asimismo, se alerta sobre la "violación" del proceso que regula el traslado y reubicación de menores, particularmente por la falta de un acuerdo previo en la conferencia sectorial correspondiente.

Adicionalmente, señalan que la resolución "ignora" el nivel de ocupación de los centros de atención para menores extranjeros no acompañados en Baleares, así como la situación de emergencia migratoria, que el Gobierno ha reconocido en diversas ocasiones.

Las autoridades han informado que el sistema de protección de Baleares actualmente acoge a 745 menores extranjeros no acompañados, una cifra que excede considerablemente la capacidad asignada habitualmente.

En este marco, el Gobierno ha destacado las "incongruencias" en el Real Decreto que determina la capacidad ordinaria de cada comunidad autónoma, que estipula una capacidad para Baleares de solo 406 menores.

La Abogacía considera que esta cifra se basa en criterios "deficientemente fundamentados" y que su aplicación es "opaca y arbitraria", lo que origina desigualdades territoriales y contraviene el principio de solidaridad interterritorial establecido en la Constitución.

En otra medida, el Consell de Govern ha dado luz verde a la distribución de créditos estatales destinados a financiar la atención de menores migrantes no acompañados entre los cuatro consells insulares. Esta distribución se realizará conforme a un convenio firmado entre el Gobierno y cada consell.

Los fondos provienen del Ministerio de Juventud e Infancia, que ha asignado un total de 100 millones de euros a todas las comunidades autónomas para hacer frente a los costos derivados de la sobreocupación y la atención de menores. Para Baleares, están destinados 4,6 millones de euros.

A esta asignación se suman 35 millones distribuidos entre Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, reconociendo el Ministerio que estas áreas enfrentan "una mayor presión migratoria" por ser puntos de acceso clave para las rutas migratorias hacia Europa.

De este total, Baleares tiene derecho a 3,2 millones de euros, lo que suma un total de 7,8 millones para la Comunidad, que se repartirán entre los consells según la acogida y la sobreocupación en sus servicios de atención al menor.

Así, se destinará 3,1 millones de euros al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), 3,8 millones al Consell de Formentera, 728.000 euros al de Ibiza y 88.600 euros al Consell Insular de Menorca.

El portavoz del Govern ha enfatizado que la aportación del Estado es "totalmente insuficiente" para afrontar los gastos actuales, considerando la situación de sobreocupación que atraviesan los servicios de atención a menores en los consells.