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El futuro de CI Postal en manos de la Audiencia: ¿Acusación a trabajadores o responsabilidad por irregularidades?

El futuro de CI Postal en manos de la Audiencia: ¿Acusación a trabajadores o responsabilidad por irregularidades?

La Fiscalía apoya la anulación de las notificaciones y considera que la empresa no puede ejercer la acusación.

En Palma, la Audiencia Provincial de Baleares deberá decidir si CI Postal, como responsable del servicio de notificación de multas, puede acusar a dos trabajadores en el caso penal por las multas no notificadas, o si debe ser considerada responsable civil subsidiaria y responder por posibles indemnizaciones.

La jueza del Juzgado de Instrucción 4 de Palma consideró que la empresa y el Ayuntamiento de Palma debían ser considerados responsables civiles, algo apoyado tanto por la Fiscalía como por los afectados.

En este caso, se investiga a dos trabajadores que tenían a su cargo la notificación de las multas. Uno de ellos admitió que falsificaban sistemáticamente los registros de entrega debido a la imposibilidad de cumplir con los objetivos. De esta manera, se descargaba la responsabilidad sobre el funcionamiento habitual de la empresa.

Otros trabajadores que testificaron corroboraron que las duras condiciones de reparto dificultaban la entrega de las notificaciones en tiempo y forma.

Al parecer, era común simular la entrega mediante la geolocalización cercana al domicilio en un dispositivo electrónico que llevan los repartidores. En algunos casos, también se falsificaron firmas.

Por todo esto, la Fiscalía considera que la empresa podría ser responsable civil como entidad jurídica. Una responsable de las oficinas estuvo temporalmente bajo investigación, pero luego fue eximida de culpa. Las fuentes del grupo de afectados critican los intentos de la empresa de "culpar a los trabajadores y lavarse las manos".

CI Postal ha impugnado la decisión de la jueza y el recurso está pendiente de resolución.

En el proceso penal están involucradas cientos de personas afectadas, algunas de ellas de forma individual, pero la mayoría están agrupadas en una asociación llamada 'Stop Multes Sense Notificació', representada por el abogado Antoni Bennàssar.

Los perjudicados nunca recibieron las notificaciones de las multas de tráfico en Palma, las cuales fueron cobradas como sanciones administrativas con recargos significativos. CI Postal se opuso a que los afectados pudieran formar parte del caso, pero el Juzgado los admitió como parte hace unos meses.

En un informe reciente, la Fiscalía ha respaldado la anulación de las notificaciones y sus efectos. El número de personas incluidas en el proceso supera las 230, aunque es probable que la cifra real de afectados sea mucho mayor.

Según un estudio de las notificaciones publicadas en el Boletín Oficial (BOE), la asociación estima que entre 2019 y 2023 más de 130.000 personas habrían sido afectadas por multas de tráfico sin notificación. El colectivo estima que el importe total asciende a entre 45 y 50 millones de euros.

En este sentido, surge el debate sobre si el Ayuntamiento debe revisar automáticamente todos los expedientes, ya que es la entidad que posee los datos necesarios para hacerlo, en lugar de limitarse únicamente a los ciudadanos que han contratado a un abogado para reclamar en este proceso.

El Juzgado también considera que el Ayuntamiento puede tener responsabilidad civil por el funcionamiento anormal de una de sus concesionarias.

Por su parte, los afectados ven un afán recaudatorio en el diseño de los procedimientos a nivel municipal. Según ha explicado la asociación, en la mayoría de los municipios, si el interesado no responde en 20 días a la primera notificación, se considera al propietario del vehículo como el conductor responsable; sin embargo, en el caso de Palma, la sanción de tráfico se convierte en un expediente administrativo que imputa al ciudadano la infracción de negarse a identificar al conductor, lo que implica automáticamente un triple aumento en los importes.

El colectivo sostiene que este modo de proceder se implementó en el Ayuntamiento de Palma antes de la contratación de CI Postal. Además, entre otras cuestiones, también responsabilizan al Ayuntamiento por aceptar la geolocalización como prueba suficiente para continuar con el expediente después de los 20 días.

El caso judicial no incluye la aparición de miles de cartas comerciales en torrentes y descampados de Palma.