PALMA, 24 de septiembre.

El fiscal anticorrupción Juan Carrau ha presentado su informe final en el caso de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, destacando que los imputados no solo ocultaron información crucial, sino que también distorsionaron los datos a los potenciales compradores en alrededor de una treintena de proyectos repartidos por Mallorca.

Desde su inicio en julio, el juicio ha sido un proceso exhaustivo, donde más de 240 afectados han ofrecido su testimonio. Ahora, el proceso se encuentra en su fase decisiva, con la lectura de los informes de las partes y la oportunidad para que los acusados se defiendan, etapa que está programada para este jueves.

Durante la sesión de hoy, Carrau solicitó que se imponga una condena de 15 años y nueve meses de prisión a Carlos García Roldán, identificándolo como el líder de la estafa. Esta pena incluye una reducción por las dilaciones en el proceso. En cuanto a su socio, Michelle Pilato, el fiscal ha pedido una pena de diez años de cárcel, considerando que su implicación es equivalente. Las acusaciones hacia otros involucrados han sido ajustadas, tratándolos como cómplices, lo que ha llevado a una leve disminución en las penas solicitadas.

Carrau enfatizó que la manipulación de información fue extensa, abarcando aspectos fundamentales como la propiedad de los terrenos, las condiciones de financiamiento, la publicidad de las promociones y la obtención de licencias necesarias para comenzar las obras.

El informe del fiscal se apoya no solo en diversos precedentes judiciales, sino también en la normativa sobre edificación y las reformas que ha sufrido a lo largo del tiempo, que establecen las responsabilidades del promotor. "Es claro que se incumplió la ley", subrayó, haciendo hincapié en que García Roldán, conocido coloquialmente como "Charly", no era el propietario de los terrenos, falló en proporcionar la información correcta a los clientes, carecía de las licencias necesarias y desobedeció las directrices sobre el uso del dinero de los inversores y la publicidad, todos aspectos claramente regulados por la legislación vigente.

Además, Carrau reiteró que nada del dinero recibido por García Roldán se destinó a la construcción de los proyectos prometidos. "Cero euros", fue la contundente afirmación de la administradora concursal durante su testimonio, enfatizando que no se llevó a cabo ninguna de las 32 promociones planeadas.

El fiscal describió los acuerdos establecidos como "contratos criminalizados que aparentaban legalidad", resaltando la supuesta intención del acusado principal de "simular su insolvencia" desde el principio, evidenciando un engaño que se extendió tanto antes como después de que los interesados firmaran.

Aparte de las acusaciones por estafa, García Roldán también enfrenta cargos por insolvencia punible y blanqueo, dada la presunta transferencia de dinero al extranjero y su búsqueda de financiamiento, que según se argumenta, no fue para saldar deudas, sino para financiar su huida a Colombia.