En medio de los procesos judiciales que rodean el caso Calanova, Joaquín Legaza, antiguo secretario general de la Conselleria de Turismo y actual secretario del Consejo de Administración de PortsIB, ha revelado en la segunda sesión del juicio que no tenía conocimiento de la relación personal entre Carlos Gelabert, administrador de Port Olímpic y uno de los beneficiarios de la adjudicación del puerto deportivo, y el exconseller Carlos Delgado.

La Audiencia Provincial se encuentra en la etapa crucial del juicio donde se investiga la posible implicación de Delgado y otros cinco individuos en supuestas irregularidades durante la concesión del puerto deportivo Calanova en el año 2013. Esta sesión marca un hito significativo en el contexto de la gestión pública y la transparencia en la adjudicación de contratos, un tema de creciente preocupación social.

Durante su testimonio como acusado, Legaza subrayó su desconocimiento sobre la amistad entre Gelabert y Delgado, a pesar de haber colaborado en el pasado en el Ayuntamiento de Calvià. La revelación de que Gelabert habría asistido a Delgado durante un proceso de divorcio añade una capa de complejidad a la narrativa de posibles conflictos de interés en la gestión de servicios públicos.

Legaza admitió haber recibido una consulta de Gelabert sobre el procedimiento de adjudicación, pero se defendió asegurando que rápidamente dirigió la cuestión al departamento pertinente. "Las palabras se las lleva el viento", afirmó, enfatizando su preferencia por mantener todo por escrito y asegurarse de que los trámites se realizaran de acuerdo con la normativa establecida.

El exsecretario defiende la legalidad del proceso a través del cual Port Olímpic se quedó con la gestión de Calanova, respaldando las afirmaciones de Delgado de que su deseo era que todo se llevara a cabo mediante una subasta pública para evitar cualquier posible controversia. "Él quería que todo fuese al mejor postor económico y sin grises", añadió.

Legaza explicó que continuando con las prácticas habituales, la supervisión del procedimiento estaba delegada en el conseller, y aunque Delgado no estaba en el día a día del proceso, se encontraba en ese momento trabajando en la elaboración de una nueva ley de turismo. Aclaró que la firma del conseller en la adjudicación fue un mero trámite, ya que la propuesta fue elaborada por las correspondiente áreas legales y de contratación.

Un punto central de debate ha sido la valoración económica de las propuestas, sobre la cual Legaza insistió en que solo se consideraron las tarifas preestablecidas en las bases. Desestimó que las mejoras propuestas por la licitante, que implicarían un aumento del canon, fueran tomadas en cuenta en la evaluación, a pesar de que este aspecto ha suscitado insistentemente la atención de las acusaciones.

El Ministerio Público ha solicitado penas severas para el exconseller Delgado, incluyendo una inhabilitación y una condena de un año y nueve meses de prisión debido a presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Asimismo, se ha reclamado una multa considerable de 1,1 millones de euros. Los demás acusados enfrentan cargos similares que también conllevan la posibilidad de largas penas de cárcel y multas significativas, reflejando un clima de exigencia de responsabilidad en la gestión pública.